El dinero sucio de la corrupción venezolana sirve para que los bolichicos no sean extraditados

España es uno de los países que, como tiene un empresariado absolutamente incapaz de atraer inversión extranjera que genere empleo de calidad, incentiva la captación de grandes inversiones a través de la concesión de lo que se ha dado en llamar «visados de oro». Fue el Partido Popular quien, en el año 2013, quien introdujo esta posibilidad en la Ley de Emprendedores. Una verdadera discriminación respecto a otros migrantes que huyen de la guerra, el hambre o la persecución por ideología política, por orientación sexual o por ser activistas contra regímenes dictatoriales. Estos sufren un verdadero calvario burocrático para conseguir el permiso de residencia o el visado. Para los extranjeros ricos extracomunitarios no hay ningún problema si hacen inversiones inmobiliarias o de otro tipo por más de medio millón de euros.

Los datos oficiales muestran cómo España se está convirtiendo en el paraíso para ciudadanos chinos, rusos o venezolanos que consiguen el visado de oro sin esfuerzo porque medio millón de euros para esta gente es verdadera calderilla. Mientras unos se juegan la vida en el mar, cruzan continentes rasgando sus pieles en los alambres de espino de las fronteras, a otros se les pone un puente de plata para que se instalen en España sin tener en cuenta el origen del dinero que invierten en el país, ya sea a través de la compra de propiedades, ya sea a través de su entrada en empresas de diferentes sectores. La cantante italiana Noemi, en su canción «Amén», hace referencia a la dura realidad de los primeros con una frase demoledora: «Me he puesto mi mejor vestido, por la fortuna que tengo de estar vivo». Los segundos se ponen su mejor traje de Brioni o de Alexander Amosu para firmar un cheque de 500.000 euros con el que, en realidad, están comprando el visado.

A pesar de que desde la Administración se dice que se ponen filtros para determinar si ese dinero tiene origen ilícito, la realidad es que el periodo es tan sólo de un mes cuando las autoridades judiciales y policiales pueden tardar años en descubrir las tramas de blanqueo de capitales.

Muchos de estos ciudadanos venezolanos llegaron a España en los meses posteriores a la caída de Rafael Ramírez (2014) y al establecimiento en nuestro país de una de las manos derecha del ex canciller de Venezuela y ex presidente de PDVSA: Nervis Villalobos, quien fue encarcelado en Soto del Real por una petición de extradición de la Justicia de Estados Unidos. De Rafael Ramírez, ya comentamos hace un año de la protección que recibe por parte de políticos del Partido Popular y empresarios en Ávila cuando visitaba España, una información que trajo consigo fuertes presiones por parte de personas muy cercanas a los más altos poderes del Estado para retirar la noticia o, al menos, para retirar el nombre de Villalobos.

Las detenciones en España por blanqueo de capitales procedentes de PDVSA son sólo la punta del iceberg, lo mismo que las extradiciones a los Estados Unidos. A la sombra de Rafael Ramírez y de su cuñado Baldo Sansó se enriquecieron muchos «bolichicos» que huyeron con su dinero y se instalaron en Europa para blanquear esos millones de dólares, sobre todo en España, aunque los hay que se encuentran afincados en Italia, Mónaco, Rusia, Portugal o Luxemburgo.

Fue tanto el dinero esquilmado de PDVSA que aún sigue presuntamente blanqueándose a través de inversiones inmobiliarias o por medio de compra de empresas de casi todos los sectores empresariales españoles. Estas operaciones son las que están utilizando para recibir ese visado dorado.

Muchos de estos venezolanos están investigados, además de por las autoridades españolas, por casi todas las agencias estadounidenses y por la división de delitos económicos de la Interpol. Entonces, ¿por qué el Estado español no les retira ese visado dorado o su permiso de residencia y les deporta como hace con los migrantes que cometen delitos menores? ¿Y a los que se deporta porque no tienen medio millón de euros?

Estas preguntas se justifican por las varias centenas de querellas y demandas por blanqueo de capitales y estafa interpuestas en los tribunales españoles contra estos ciudadanos venezolanos que, de manera incomprensible, continúan viviendo en sus mansiones o áticos en las zonas más caras de España y siguen realizando inversiones que tienen como único fin el presunto blanqueo y lo hacen a través de redes de empresas fantasmas ubicadas en Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Bahamas y Panamá. Es curiosa la tendencia que algunos de ellos tienen a la hora de comprar empresas españolas y, una cerrada la operación, llevar la sociedad de inmediato a Luxemburgo, Andorra, Suiza o Liechtenstein.

Mientras los gobiernos o los partidos políticos de España continúen mirando hacia otro lado y no actúen de la misma forma a como lo hacen con los migrantes pobres se estarán convirtiendo en cómplices de las actividades de los venezolanos que se hicieron millonarios gracias a la corrupción del régimen chavista y, sobre todo, de Rafael Ramírez.