Apenas 24 horas después de que Ecologistas en Acción presentase ante el Juzgado de Noia una denuncia penal contra la naviera responsable por el vertido de pellets que asola las costas de Galicia y otros puntos del Cantábrico, la jueza titular ha abierto diligencias, instruyendo al Seprona como policía judicial para determinar el alcance del vertido, su toxicidad y la titularidad del navío Toconao, tal y como había solicitado la organización ecologista.
En un auto separado al de incoación, el mismo Juzgado de Instrucción n.º 2 de Noia ha admitido la personación de Ecologistas en Acción, junto con el colectivo de pescadores y mariscadores Plademar y la Fundación Montescola, como acusación popular. Considera así que los hechos investigados «podrían ser indiciariamente constitutivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales en el que entran en juego intereses supraindividuales o institucionales que legitiman su intervención».
La organización ecologista considera positiva la celeridad de las actuaciones al permitir que se evalúen los daños sustanciales que el vertido está provocando en los ecosistemas costeros cuando estos son más evidentes. En ese sentido, ha pedido «la colaboración de la comunidad científica para constatar estos impactos y evitar que se vuelva a producir un escenario de impunidad».
Batalla judicial larga y complicada
Ecologistas en Acción se está preparando para una batalla judicial «a largo plazo», asegura, recordando el precedente de la catástrofe ambiental causada por el Prestige en las costas gallegas en 2002. Dicho proceso se alargó más de 16 años y quedaron libres todos los imputados en relación al cargo de delitos contra el medioambiente.
El entramado societario que hay detrás del buque con bandera de conveniencia en Liberia y sociedades en paraísos fiscales, opacos a la justicia española, complica mucho la actuación de la justicia para que los verdaderos responsables del desastre ambiental se hagan cargo de la restauración y remediación de los ecosistemas dañados.
Por eso, según la organización ecologista, la acción judicial ahora iniciada es fundamental para determinar la responsabilidad civil y poder obligar en su momento a la propietaria del buque y a su aseguradora a abonar las indemnizaciones que correspondan por el daño causado, asegurando que se cumple el principio de «quien contamina paga». En este caso, Ecologistas en Acción ha solicitado al Juzgado de Noia que se imponga una caución de 10 millones de euros a la naviera del «Toconao».
“El entramado societario que hay detrás del portacontenedores no es casual. Con esta ingeniería societaria se aseguran la impunidad ante los desastres ecológicos que causan, al ahorrarse costes en seguridad. Mientras se sientan impunes y puedan eludir pagar las sanciones e indemnizaciones, seguirán jugando con la vida del planeta”, denuncian desde la organización.
