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El Gobierno actúa para que los bienes de Meirás no puedan ser retirados por la familia Franco

La Abogacía del Estado solicita al Juzgado la conservación del inventario realizado en Meirás y pide que se determine qué bienes tienen consideración de inmuebles

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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análisis

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El Gobierno no se rinde y sigue luchando en los tribunales para que los bienes del Pazo de Meirás no puedan ser retirados por la familia Franco.

Así, La Abogacía del Estado solicita al Juzgado la conservación del inventario realizado en Meirás y pide que se determine qué bienes tienen consideración de inmuebles.

Además, el Gobierno insta a la Xunta de Galicia en un escrito a incoar expediente complementario para ampliar la calificación de BIC a los bienes muebles o inmuebles “tanto dentro del recinto amurallado como en el interior del edificio”.

El objetivo del Ejecutivo es doble: por un lado, solicitar la conservación del inventario en su día elaborado y por otro instar al Juzgado a que se determine qué bienes de los que se encuentran en el interior de la finca tienen la consideración de inmueble por haber sido incorporados de manera permanente al inmueble principal y que, por lo tanto, han de seguir la suerte del mismo, de forma que no puedan ser retirados por los demandados, debiendo permanecer en poder de la Administración del Estado como titular del inmueble.

Respecto de esta segunda cuestión, el incidente se ha planteado con el carácter de previo pronunciamiento, lo que implica que los bienes relacionados por la Abogacía del Estado en su escrito no podrían ser retirados por los demandados antes de que exista un pronunciamiento expreso del Juzgado al efecto.

En este sentido, el Gobierno ya impugnó el plazo de un mes para retirar los bienes muebles del Pazo de Meirás, mediante un recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado ante el Juzgado de Primera Instancia de A Coruña. La Abogacía del Estado argumentaba que no se le había permitido formular alegaciones a la resolución de la juez y pedía que se garantice la integridad y seguridad de los bienes inventariados, entre la que se encuentra la biblioteca de Emilia Pardo Bazánplaz, así como del propio inmueble, catalogado BIC.

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