El juez Juan Carlos Peinado ha permitido a Vox ejercer la acusación popular en la causa que abrió a raíz de la denuncia que presentó Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La formación ultra ha abonado la fianza y el magistrado no ha visto impedimento a que tome parte en el procedimiento.
La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, estará a cargo de la representación jurídica de la formación en este procedimiento en el que Manos Limpias ya figura como acusación popular.
Hace unas semanas, Vox ya se sumó al pseudosindicato ultra y a la asociación ultracatólica Hazte Oír y pidió ser acusación popular en la causa secreta que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez.
“Si Pedro Sánchez piensa que nos va a amedrentar, que pierda toda esperanza”, aseguró Vox en un tuit, donde señalan que harán “especial hincapié” en impulsar la investigación sobre el África Center y su relación con la embajada de Ghana, el desarrollo de los estudios en la Universidad Complutense y la “especial vinculación” con el grupo Globalia y el empresario Víctor de Aldama, implicado en el caso Koldo de cobro de comisiones por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.
Una vez más, la Justicia abre la puerta a un juicio a los letrados de la extrema derecha, expertos ya en fiscalizar al adversario en los tribunales. Ya lo hizo durante el procés, donde los abogados de la formación se mostraron muy activos, casi más que el propio fiscal. El juicio del 1-O se convirtió en el gran escaparate político para las soflamas patrióticas de Vox. Esto llevó a que el Tribunal Supremo se posicionara claramente en contra de que los partidos políticos puedan ejercer la acusación en un proceso judicial. “Es verdaderamente perturbador”, aseguraron los jueces que firmaron la sentencia del procés. Pero nada cambió, el Gobierno no ha legislado al respecto para impedir estas prácticas y todo sigue igual.
La sentencia, de casi 500 páginas, dedicó unos cuantos párrafos a contestar a Jordi Cuixart, que denunció que se vulneraba su derecho a un proceso con todas las garantías si se permitía que Vox –del que destacó su ideología xenófoba y machista– ejercía la acusación contra él. Pedía que se expulsase al partido de extrema derecha como acusación.
El Supremo ha lanzado una recomendación: “Abordar una regulación de esta materia que excluya el riesgo de trasladar al proceso penal la contienda política. (...) La Sala coincide en la necesidad de limitar el ejercicio de la acción penal por las formaciones políticas”. “La presencia de partidos políticos en el proceso penal no es, desde luego, positiva”, aseguran los magistrados. “Se corre el riesgo de trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje de la confrontación política. La experiencia indica que la sentencia adversa no suele ser explicada por el partido accionante como la consecuencia jurídica de la valoración jurisdiccional”.
El proceso contra Begoña Gómez, por tanto, tiene los ingredientes para convertirse en un nuevo caso de lawfare judicial donde el inquisidor es un partido ultraderechista con una clara obsesión: derrocar a Pedro Sánchez derribando antes a su esposa. El asunto no gustará en Bruselas, donde el comisario de Justicia Reynders ha reclamado a los dos principales partidos españoles, PSOE y PP, que renueven ya el Poder Judicial, si es posible reformando también la ley para evitar la politización de los juzgados y tribunales.
Ahora la decisión del juez Peinado contra Begoña Gómez, es decir, la apertura de diligencias previas, cuenta con la oposición de la Fiscalía. El Ministerio Fiscal decidió presentar un recurso ante la Audiencia Nacional después de que conociera que el magistrado abriría un procedimiento para investigar los hechos relacionados con la mujer del presidente del Gobierno. El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid abrió diligencias previas contra Begoña Gómez para indagar sobre las relaciones empresariales de la esposa del líder socialista con empresas privadas que se vieron beneficiadas por contratos públicos.