En los acuerdos de legislatura, que no de investidura, PSOE y Junts reconocen sus «profundas discrepancias» y son conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender. Por un lado, Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral.
Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones. Para la consecución de estos acuerdos, y dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto, «además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos, el PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue». Es decir, se acepta la figura del mediador para supervisar la mesa de negociación.
Es en ese marco en el que ambas partes tendrán que acordar, en su caso la metodología de la negociación para dotar al proceso de certidumbre, en la que el mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento del que se han dotado, desarrollará la negociación entre las partes. «En ese espacio se negociará, se acordará y se abordarán los disensos, así como las disfunciones que surjan en el desarrollo de los acuerdos», asegura el texto firmado.
Los contenidos de los acuerdos a negociar a partir de las aspiraciones de la sociedad catalana y de las demandas de sus instituciones se agrupan en dos grandes ámbitos permanentes: «las de la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Catalunya». En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, «Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación» sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución. Es decir, se abandona la vía unilateral, y esa consulta, caso de celebrarse, se llevaría a cabo dentro del marco constitucional. Por el contrario, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como «el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya». Los socialistas no se salen ni un milímetro de la senda de la Carta Magna.
En el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que «facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya». Por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de esa comunidad autónoma, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación. En este ámbito, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña «de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años».
En cuanto a la Ley de Amnistía, para «procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato», esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, «han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos». En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse «situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
Además, se concreta la ampliación de la participación directa de Cataluña «en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio».
