En el Tribunal Supremo existe un servicio de prensa. Durante muchos años fue el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ahora adscrito a la sala segunda de Lo Penal, el encargado de facilitar las resoluciones del alto tribunal a la prensa. Por lo tanto, se hace muy difícil pensar que sus miembros vayan a procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por haber ordenado la difusión de un comunicado en el cual se desmentía una información sesgada sobre el hipotético acuerdo del ministerio público con un acusado de delitos de fraude a la Hacienda Pública y falsedad documental. Y mucho menos, García Ortiz tiene la obligación de dimitir por este asunto, por mucho que esté deseándolo el número dos de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, el PP y toda la derecha judicial. El fiscal general del Estado lo único que ha hecho es asumir una responsabilidad para salvar la cara de sus subordinados. Uno de ellos, la fiscala superior de Madrid, a la hora de atestiguar sobre este asunto ante el TSJM, se ha limitado a repetir lo que su superior ya le había dicho que debía declarar. Incluso, si hace falta, aportando los mensajes y correos electrónicos que se intercambiaron. Si todo esto desemboca en una defenestración de García Ortiz estaremos ante un evidente caso de persecución política a través del aparato judicial. Si ya de por sí éste se encuentra con una credibilidad bajo mínimos, los jueces apenas contarán con el apoyo de la ciudadanía y la democracia estará tocada de muerte porque uno de los poderes en que se sustenta, se habrá caído con todo el equipo.
Que la persecución de Álvaro García Ortiz es política ya nadie lo duda. Asumió el puesto de fiscal general del Estado en julio de 2022, tras la dimisión de Dolores Delgado. Su ascenso ponía fin a la anomalía que supuso que una ministra de Justicia pasase directamente a ser fiscal general, un hecho inédito y difícil de justificar, al tiempo que colocaba al frente de la institución a un miembro de la carrera respetado entre sus compañeros. Pero desde que fue elegido, García Ortiz se ha encontrado con una feroz oposición que ha encabezado el PP y ha contado con la colaboración activa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –caducado desde hace cinco años y medio–, de las asociaciones fiscales –convertidas en los últimos años en actores políticos más que en colectivos de profesionales–, y de medios de comunicación.
En los últimos días, en los ambientes jurídicos, se da por hecha la imputación de García Ortiz por el Supremo una vez el Tribunal Superior de Justicia de Madrid traslade el caso a sus superiores. Y casi todos los consultados coinciden en que, si llega el caso, García Ortiz no tendrá más remedio que dimitir. La derecha judicial sabe que la imputación del fiscal general del Estado es una mera formalidad porque lo que está claro es que la nota informativa no revela datos personales del sujeto objeto del delito de revelación de secretos, es decir, la pareja de Ayuso. La historia de este comunicado en sencilla: el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad, Miguel Ángel Rodríguez, difundió un bulo en el que se señalaba que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador, para luego retirarlo por “órdenes de arriba”. Está imputado por haber defraudado a Hacienda 350.951 euros mediante la presentación de facturas falsas.
Es cierto que hubo una aproximación entre el defensor de González Amador y el fiscal, pero este último le dejó claro que no se podía negociar nada hasta “el momento procesal oportuno”. Es decir, hasta que no se abriese la fase de juicio oral. Ahora mismo el tema se encuentra en diligencias previas por lo que González Amador ni está acusado formalmente ni nadie debe dudar de su reputación. Otra cosa es que el nerviosismo fruto de las presiones mediáticas, le hayan llevado a presentar una denuncia contra la fiscalía por un comunicado en el que lo único que hace es detallar los días en los que se había producido ese intercambio, y aclarar que el pacto lo había propuesto el abogado de González Amador, pero sin dar más detalles. No constan en esa nota datos personales del investigado, ni sobre su propuesta de pacto.
El abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid es el que más se ha movido contra esa nota como letrado en ejercicio que conoce a la perfección los mecanismos de filtración de la documentación procedente de los juzgados. Ha presionado a su colegio, el ICAM, donde también se ha generado una guerra con el FGE por razones políticas. Su decano es afín al PP y desde Génova se ha puesto toda la maquinaria judicial en marcha para lo que se denomina “apuntar en la línea de flotación de Pedro Sánchez” que no es otra que la justicia. Porque la derecha judicial sabe que si logra la dimisión del FGE le habrán dado un golpe al gobierno socialista de consecuencias difíciles de calcular.
Son suficientes argumentos para expresar al Supremo la inquietud desde los sectores progresistas de la judicatura que creen que estamos ante una nueva causa de lawfare. Sólo que, esta vez, el propio fiscal general no va a dar la batalla porque sabe que la tiene perdida. Los jueces de la sala que le imputarán un delito de revelación de secretos son los mismos que apoyan los fiscales que se oponen a la amnistía de los líderes del procès. Javier Zaragoza, aspirante a ser fiscal general del Estado cuando el PP llegue a la Moncloa, Consuelo Madrigal, ex fiscala general del Estado con Rajoy, Jaime Moreno, y Fidel Cadena, considerado un halcón en el seno de la junta de fiscales de sala que se va a reunir este martes con la total probabilidad de que el debate sobre la amnistía se convertirá en una batalla donde se espera dar otro golpe de gracia a García Ortiz.
Pero es que hay más. Uno de los jueces del Supremo, en su día recusado por Álvaro García Ortiz con resultados negativos, ha llegado a escribir un artículo sobre él, llamándole “apesebrado”. Ese magistrado, José Luis Requero, es otro “halcón” de la derecha judicial. En la tramitación de una sentencia que debe de adoptar la sala de Lo Contencioso Administrativo por un recurso a su nombramiento, García Ortiz recusó “por enemistad manifiesta” a los jueces que deben decidir entre los que se encuentra Requero. Su petición ha sido desestimada y este juez será un miembro más a la hora de flagelar al fiscal general.
Si después de todo lo dicho, hay quien piensa que esto no es una persecución política en toda regla, utilizando las herramientas jurídicas, es decir que no ve lawfare, es que desconoce lo que en estos momentos nos estamos jugando en este país.
