Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), uno de los paraísos fiscales emergentes más importantes del mundo, comenzará a imponer duras sanciones por su nueva ley que obliga a informar sobre la identidad sobre el beneficiario real de la empresa. La razón de este cambio tan radical no ha sido la presión internacional en contra de los países que se han convertido en los paraísos del blanqueo de capitales.
Sin embargo, un país que tiene como principal atractivo económico, precisamente, la opacidad fiscal, todavía genera dudas sobre todo por las numerosas exenciones y lagunas en las nuevas reglas.
Las empresas pueden utilizar intermediarios o bancos como propietarios legales, pero las nuevas leyes que exigen la presentación de informes sobre los beneficiarios finales se centran en registrar los verdaderos propietarios que obtienen los beneficios, tienen el 25% o más de las acciones de la empresa y los derechos de voto en la empresa o la facultad de destituir y nombrar directores.
La propiedad beneficiaria le proporciona sinceramente quién está detrás de la empresa y un individuo a quien perseguir. Permite a las agencias de aplicación que están genuinamente comprometidas con la comprensión y el descubrimiento de flujos financieros ilícitos para identificar a un individuo.
Emiratos y el 11S
Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, los Emiratos Árabes Unidos han sido el centro de atención debido al papel que jugaron sus bancos y aeropuertos para facilitar la transferencia de efectivo, armas y otro material a presuntos grupos terroristas.
El pequeño país del Golfo Pérsico, que es una federación de siete emiratos, se rige por una combinación de leyes federales y locales, además de las leyes que gobiernan sus extensas zonas francas. El entorno legal, junto con la ausencia de un registro único y centralizado y las regulaciones débiles, han convertido a los Emiratos Árabes Unidos en un refugio seguro para las actividades ilícitas.
Lo que hace que los Emiratos Árabes Unidos sean atractivos para los negocios ilícitos es la ausencia de cualquier tipo de supervisión, cuestionamiento o leyes concretas. En muchos otros países puede que no tengan la capacidad tecnológica, pero ese no es el problema de Dubai. En realidad, lo que hay es una falta de interés detrás de la nueva ley de beneficiarios reales.
Inspecciones
En 2020, los EAU fueron sometidos a una inspección de un año por parte de Financial Action Task Force por serias sospechas sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, armas de destrucción masiva, lagunas en la propiedad y las industrias de metales preciosos y la falta de acciones legales contra el blanqueo de capitales.
Esta ley podría alterar la percepción entre los inversores extranjeros de que los EAU son un centro para el movimiento ilegal de dinero. La decisión afecta a 513.000 empresas no financieras.
Dubai y Abu Dhabi quedan fuera de la nueva ley
El ministro de Economía de EAU aún tiene que decidir quiénes serán las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, según la decisión del gabinete emitida a principios de este año. La ley será de aplicación a todo el país, a excepción de las zonas francas financieras de Dubai y Abu Dhabi.
Las corporaciones de propiedad del gobierno y las entidades que cotizan en bolsa también están excluidas del requisito de información de propiedad.
La publicación de los Papeles Panamá provocó que numerosos países promulgaran en los últimos años registros de propiedad. Por otro lado, revelaciones como los Archivos FinCEN han demostrado que en los últimos años Dubai se había convertido en un refugio secreto para las personas que buscan ocultar riqueza ilícita.
