El Consejo ha adoptado su posición sobre la Directiva de declaraciones ecológicas, cuyo objetivo es abordar el lavado verde y ayudar a los consumidores a tomar decisiones verdaderamente más ecológicas al comprar un producto o utilizar un servicio.
Los consumidores necesitan declaraciones medioambientales fiables, comparables y verificables para poder tomar decisiones plenamente informadas. Sin embargo, un estudio de 2020 encontró que más de la mitad de las afirmaciones ambientales ofrecen información vaga, engañosa o infundada.
La directiva establece requisitos mínimos para la fundamentación, comunicación y verificación de declaraciones medioambientales explícitas.
Según Alain Maron, Ministro de Gobierno de la Región de Bruselas-Capital, responsable de cambio climático, medio ambiente, energía y democracia participativa, «hemos alcanzado un acuerdo importante para luchar contra el lavado verde estableciendo normas sobre información clara, suficiente y basada en evidencia sobre las características ambientales de los productos y servicios. Nuestro objetivo es ayudar a los ciudadanos europeos a tomar decisiones ecológicas bien fundadas».
Alcance
Esta nueva propuesta se dirige específicamente a las declaraciones ambientales explícitas –texto escrito u oral- y a las etiquetas ambientales que las empresas utilizan voluntariamente cuando comercializan su verde y que cubren los impactos, aspectos o desempeño ambientales de un producto o comerciante. También se aplica a los sistemas de etiquetado ambiental existentes y futuros, tanto públicos como privados.
El enfoque general establece una distinción entre declaraciones ambientales explícitas y etiquetas ambientales, para especificar claramente las obligaciones aplicables a cada una, incluidos los requisitos que se aplican a ambas.
Afirmaciones más claras y basadas en evidencia
Las empresas deberían utilizar criterios claros y la evidencia científica más reciente para fundamentar sus afirmaciones y etiquetas. Además, según el enfoque general, las declaraciones y etiquetas medioambientales deben ser claras y fáciles de entender , con una referencia específica a las características medioambientales que cubren, como la durabilidad, la reciclabilidad o la biodiversidad.
Verificación previa y procedimiento simplificado
El planteamiento general mantiene el principio fundamental de la verificación ante declaraciones y etiquetas medioambientales explícitas, tal como establece la propuesta de la Comisión. Esto significa que cualquier afirmación ecológica tendría que ser verificada por expertos independientes antes de ser publicada.
Al mismo tiempo, introduce un procedimiento simplificado para eximir ciertos tipos de declaraciones ambientales explícitas de la verificación por parte de terceros: las empresas elegibles deben demostrar su cumplimiento de las nuevas reglas completando un documento técnico, que debe completarse antes de que la declaración se haga pública.
Si bien las microempresas estarán sujetas a verificación según el planteamiento general, también tendrán 14 meses más que otras empresas para cumplir con esas normas.
Se han añadido varias medidas de apoyo para ayudar a las pymes , incluidas las microempresas, durante todo el procedimiento. Estas incluyen la provisión de directrices y herramientas y medidas adicionales para reducir la carga administrativa para los agricultores. También pueden incluir apoyo financiero y capacitación.
Etiquetas ambientales públicas
Reconociendo la importancia de los sistemas de etiquetado público nacionales o regionales existentes, los ministros acordaron la posibilidad de establecer nuevos sistemas y eximir a los regulados por la legislación nacional o de la UE de la verificación por terceros, siempre que estos últimos cumplan las normas de la UE en lo que respecta tanto a los procedimientos como a las normas.
Según el enfoque general, los sistemas de etiquetado ecológico EN ISO 14024 tipo 1 estarán exentos de verificación si están oficialmente reconocidos en un estado miembro y cumplen con las nuevas normas. El reconocimiento por parte de un Estado miembro sería suficiente para todo el mercado de la UE.
Reclamaciones relacionadas con el clima
El enfoque general introduce nuevos requisitos para probar declaraciones relacionadas con el clima, incluidas aquellas que involucran créditos de carbono.
Las reclamaciones relacionadas con el clima a menudo se basan en créditos de carbono generados fuera de la cadena de valor de la empresa, por ejemplo, a partir de proyectos forestales o de energía renovable. El enfoque general incluye la obligación de proporcionar información sobre el tipo y cantidad de créditos de carbono, y si son permanentes o temporales, entre otros.
La posición del Consejo también distingue entre: reclamaciones de contribución (créditos de carbono para contribuir a la acción climática) y reclamaciones de compensación (créditos de carbono para equilibrar una proporción de emisiones)
En las solicitudes de compensación, las empresas deben demostrar un objetivo neto cero y mostrar avances hacia la descarbonización, así como el porcentaje de las emisiones totales de gases de efecto invernadero que se han compensado.
Este enfoque general del Consejo constituirá la base para las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la forma final de la directiva. Se espera que las negociaciones comiencen en el nuevo ciclo legislativo.
España, un paso por delante
La Comisión de Economía, Comercio y Transformación digital del Congreso ha aprobado una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para regular la información sobre la sostenibilidad de las empresas e impedir prácticas engañosas conocidas como «greenwashing» o de «lavado verde», por las que las empresas presentan compromisos con la sostenibilidad ambiental que no son reales.
El aumento de la demanda de información y de una mayor disponibilidad de datos al respecto, hace necesarias medidas para homogeneizar dicha información -dentro del marco normativo europeo- y con ello la comparabilidad de los datos, así como la armonización de normas que garanticen una mejor actividad de terceros como proveedores de toda esa información.
La diputada socialista por Santa Cruz de Tenerife, Alicia Álvarez, ha defendido que «cada vez son más las empresas que entienden que un compromiso social con su entorno les beneficia y mejora su imagen de marca; por lo que no debe entenderse solo como una responsabilidad social, sino también como una inversión».
En este sentido, ha explicado que «a veces cuesta distinguir entre las empresas que asumen el cambio de verdad y las que se esconden detrás de operaciones estéticas y expresiones como producto verde, sostenible o BIO, sin que exista detrás una verdadera política de sostenibilidad». Por lo que es preciso establecer mecanismos de control capaces de verificar que esas prácticas son reales y se conducen a los objetivos que dicen perseguir.
Estas medidas, propuestas por los socialistas, prevén «reducir la competencia desleal entre quienes dicen hacer y quiénes verdaderamente hacen, y premiar a quien contribuye al medio ambiente y a una mejor sociedad -ha subrayado Álvarez- proporcionando información clara, pertinente y fiable a los consumidores».
