Tal y como analizamos en Diario16, el Informe sobre desequilibrio financiero en la contratación IRPH, publicado por la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares en marzo de 2022, ha tenido un impacto definitivo de cara a la resolución de la problemática del IRPH. Es más, las conclusiones de dicho documento están sirviendo para los procedimientos judiciales que actualmente se desarrollan en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Lo señalado en el informe de Consumo Baleares ha provocado, por ejemplo, que la propia Abogacía del Estado haya reconocido que no sabe cómo se calculó el IRPH. Hay que tener en cuenta que la banca española cobró más de 40.000 millones de euros incorrectamente a los consumidores que contrataron una hipoteca referenciada a este índice, por más que fuera oficial.
La repercusión de dicho análisis provocó que, en el año 2022, el Ministerio de Consumo, liderado por Alberto Garzón, encargara a los autores del informe de Baleares un nuevo documento que ampliara aún más las conclusiones a las que se había llegado.
El informe se hizo y se entregó al Ministerio a finales de 2022. En concreto, según la portada del mismo, el 30 de noviembre. En principio, el documento iba a ser presentado y, según fuentes consultadas, se comentó la posibilidad de dar una formación a los inspectores sobre el IRPH y las cláusulas abusivas.
Sin embargo, casi 5 meses después de haber sido entregado, el Ministerio de Consumo mantiene oculto este informe, al que Diario16 ha tenido acceso. Las mismas fuentes señalan que da la sensación de que el departamento de Alberto Garzón está más interesado en otras cuestiones como la alimentación o las apuestas y no en el IRPH. Por otro lado, parece que en un ministerio que era perfecto para un ministro de Unidas Podemos, están muy perdidos respecto a los abusos de los bancos, en general, y del IRPH, en particular.
Antes de haber accedido al informe, Diario16 se puso en contacto con Consumo a través de correo electrónico para verificar la existencia de este documento y preguntar si lo iban a presentar en algún momento. No se ha obtenido respuesta.
El contenido del informe es vital para los afectados por el IRPH. Por eso resulta incomprensible que el Ministerio de Consumo lo mantenga oculto, más aún después de la sanción de 5 millones de euros que el Banco de España ha impuesto a Ibercaja por manipular el IRPH. El análisis de las razones por las que el supervisor ha sancionado a la entidad aragonesa ya estaba en el informe. Por tanto, Consumo sabía esto desde el mes de noviembre de 2022 y podría haber empezado a actuar como sí hizo, en su momento, la Dirección General de Consumo de Baleares.
El Estado tiene una responsabilidad con los afectados del IRPH, puesto que es un índice oficial. Así lo ha señalado el Tribunal Supremo en unas sentencias que retuercen lo dictado por el TJUE para favorecer a los bancos. No puede ser que la administración central se quede de brazos cruzados. Más aún cuando tienen informes en su poder.
Los jueces españoles argumentan en las sentencias que favorecen a la banca que no se puede dudar de un índice oficial. Sin embargo, tal y como hemos analizado en este medio desde hace más de 6 años, existen sólidos argumentos financieros que contradicen claramente a lo expuesto por los tribunales.
En el preámbulo del informe ocultado por Consumo se afirma algo que es evidente pero que debe ser afrontado para proteger a los ciudadanos: «Desafortunadamente, a veces resolver un problema implica plantear uno nuevo. Que la administración conozca ciertas situaciones de desprotección del ciudadano, como el caso que nos ocupa, conlleva la obligación de tomar medidas».
Alberto Garzón, en su calidad de ministro de Consumo y de economista, no puede quedarse de brazos cruzados. Tiene todavía varios meses para actuar y ejecutar las competencias de las que dispone. Hacerlo depende de su voluntad política y humana.