El caos y el atasco administrativo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) está afectando de manera cruel a las personas más vulnerables que solicitan y perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En concreto, según los datos oficiales, en 2022 se encontraban en fase de ejecución 608.707 expedientes, de los cuales sólo fueron finalizados 364.349. Además, actualmente, están en espera de resolución 316.358 expedientes, es decir, un 54% del total.
Esta demora y desajustes por parte del INSS vulneran lo dictado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado a este organismo, ya que le instaba a «conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) del IMV en vigor en un % del 100». Este objetivo está lejos de ser cumplido, según muestran los datos oficiales.
Las cifras no son sólo a nivel nacional, sino que la demora también se ceba en otras comunidades autónomas. En la Dirección Provincial de Madrid, por ejemplo, entraron en 2022 un total de 61.113 expedientes relativos al IMV, de los que solo fueron resueltos favorablemente 13.910 (22%). Otros 21.174 fueron denegados y 4.118 cancelados, la mayoría por duplicidad de expedientes.
Los 10.746 restantes fueron despachados mediante una figura administrativa de la que sólo se tiene noticia en la gestión del IMV, ya que aparecen como «inadmitidos», según confirman a Diario16 fuentes del sindicato CGT. La organización sindical, además, denuncia que los solicitantes y perceptores de este tipo de prestación ven cómo los trámites administrativos generan «una discriminación flagrante frente a los beneficiarios de otras prestaciones».
Causas principales
Existen varias circunstancias que pueden explicar la deriva en la gestión del IMV y la situación en la que se encuentra el servicio en la actualidad.
Siguiendo las instrucciones dadas por la actual directora general del INSS, se redujo drásticamente el canal presencial durante 2022, cerrando oficinas que podrían prestar atención presencial y confiando en una apuesta por los canales telemáticos, cuyo funcionamiento no ha sido el esperado.
Si se compara la atención presencial entre 2022 y 2019, anterior a la pandemia, los datos demuestran que el año pasado se atendió presencialmente a 4.172.353 personas menos, entre las que se encuentra el colectivo de demandantes y prestatarios del IMV.
«El desplome no puede explicarse en exclusiva por la introducción de fórmulas alternativas, como podría ser la atención telefónica, si no que apunta al modelo de gestión. Hay que recordar que en el mes junio de 2020 se firmó una encomienda de gestión a TRAGSATEC, con 150 empleados, para atender el teléfono gratuito del IMV, pero el acuerdo no fue renovado al finalizar el año», denuncia CGT.
Desde entonces, y con un refuerzo de tan solo cinco trabajadores para sustituir a los 150 no renovados, ha sido el personal funcionario quien ha tenido que asumir la resolución de la situación generada en la atención a través de esa línea, sumándola a la carga de mantener la gestión de otro teléfono de prestaciones.
El resultado es que, pese al esfuerzo de los funcionarios, el número de personas atendidas pasó de 813.055 a tan solo 136.609, es decir, 676.446 llamadas menos. Y, al mismo tiempo que se desarrollaba esta situación, el INSS redujo en un 3,5% su plantilla, pasando de 3.132 personas a 3.021.
Graves consecuencias para los más vulnerable
El sistema actual refuerza la brecha digital y con ello provoca la indefensión de un colectivo vulnerable que, en muchos casos, ya debe asumir el enfrentarse a trámites y formularios que, ante la complejidad que presentan, acaban en el limbo de los inadmitidos.
Las mismas fuentes señalan que «tras casi tres años desde la implantación del IMV, todavía no existe una aplicación informática propia como la disponible para la gestión de otras prestaciones, como la Incapacidad Temporal, teniendo que utilizarse la antigua aplicación para la Prestación Familiar, con los problemas derivados de esa circunstancia».
Otra consecuencia para los perceptores del IMV es el incremento del plazo medio de resolución de sus solicitudes (situado en seis meses). Este plazo duplica, como mínimo, el habitual en cualquier otro tipo de prestación o el de las solicitudes de jubilación.
Lo anterior tiene una peculiaridad añadida: en todas las prestaciones existe la posibilidad de generar una incidencia relativa al servicio telefónico de atención ciudadana si se alargan los plazos salvo en el caso del IMV.
«Esta discriminación acarrea más efectos indeseables. Agrava la situación laboral de los trabajadores ya que, en caso de producirse una demora y sin posibilidad de dar una respuesta alternativa, lo único que pueden indicar los funcionarios a los usuarios del servicio es que tienen que seguir esperando pacientemente», denuncia CGT.
En muchos casos, la falta de solución a las legítimas demandas de información de los solicitantes se salda con insultos o malos modos hacia los trabajadores, lo que ha llevado a buena parte de la plantilla a solicitar un cambio de ubicación en el último Concurso de Traslados, con el consiguiente aumento de la precarización del servicio.