Ingreso mínimo vital: el gran fracaso de la medida estrella del Gobierno de coalición

Anoche, en su programa El Intermedio, El Gran Wyoming, nada sospechoso de conservador, sorprendía con una afirmación sobre el Ingreso Mínimo Vital, la renta básica que introdujo el primer Gobierno de coalición para aliviar la situación de las familias vulnerables. “Solo ha logrado cobrarlo el 12 por ciento de los ciudadanos que se encuentran bajo el umbral de la pobreza y que tienen derecho a solicitarla. Una cifra muy lejana a las previsiones del Gobierno”, aseguró.

Y no iba desencaminado el popular humorista y presentador. Los motivos de que la prestación no esté llegando son varios: “Una gestión ineficaz de esta ayuda, la excesiva burocracia y la falta de información”. También el miedo al estigma social estaría detrás del fracaso de la medida. De manera que nos encontramos con que “una buena idea y no solo buena sino realmente necesaria, se ha quedado a medias”, se lamentó el Gran Wyoming.

Los informes de las oenegés son claros en este sentido. Desde que se aprobó en 2020 y hasta febrero de 2023, se habían aprobado 578.000 solicitudes, lo que implica 1,63 millones de personas beneficiarias en términos acumulados. Estas cifras están aún lejos del objetivo inicial del IMV de llegar a unos 850.000 hogares en los que viven en torno a 2,3 millones de personas en situación de pobreza severa, un alcance con el que la tasa podría rebajarse en más de 5 puntos, frente a los 2 puntos de reducción en la actualidad.

Con estos datos en la mano, un 84 por ciento de los hogares con derecho al ingreso mínimo vital, según la normativa vigente, quedaría fuera de su alcance o, lo que es lo mismo, esta prestación solo estaría llegando en un porcentaje de entre el 12 y el 16 por ciento a los hogares que cumplen los requisitos económicos para solicitarlo.

Según los datos oficiales, este menor alcance se debe, por un lado, a que algunos requisitos y condiciones de acceso de la prestación impiden una cobertura más amplia al dejar fuera a determinados colectivos. Por otro, el desconocimiento de su existencia, las dificultades relativas a la solicitud (brecha digital, burocracia…) o el estigma social asociado a ser beneficiario de este tipo de prestaciones hacen que algunas personas no lleguen a solicitarla.

A través de un análisis comparativo de tres comunidades autónomas (País Vasco, Cataluña y Madrid), el estudio muestra que una estrategia adecuada de combinación de esta prestación con otras rentas mínimas de aplicación autonómica puede mejorar sustancialmente su alcance, como ocurre en el País Vasco.

En sentido opuesto, en comunidades como la de Madrid se está produciendo una sustitución prácticamente completa de la renta mínima por el IMV, sin que esos recursos se reorienten a otras prestaciones similares, mientras que en Cataluña las dos prestaciones se complementan y alcanzan así a más personas.

Oxfam Intermón y Future Policy Lab plantean una serie de propuestas destinadas a aumentar el alcance de la prestación, entre ellas incluir a todas las personas de entre 18 y 23 años como potenciales titulares de la prestación o garantizar que los menores de 30 años pueden acceder al IMV con los mismos requisitos de acceso que el resto de población adulta.

Los informes plantean modificar el período de cómputo de los ingresos, flexibilizar los requisitos de patrimonio, aumentar cuantías y umbrales, generalizar los incentivos al empleo, y ampliar y homogeneizar la cuantía del complemento a la infancia en todos los tramos de edad; así como medidas relativas a la simplificación de procedimientos y requisitos y a la integración con la fiscalidad.