La Asociación Nacional de Pensionistas, ADDEPU, ha subrayado la necesidad imperativa de que se atienda su voz, especialmente tras un trágico suceso en la residencia de mayores Juan XXIII de Aravaca. Este lamentable incidente ha revelado graves fallos en los protocolos de seguridad contra incendios, con aspersores inoperantes y salidas de emergencia bloqueadas, lo que tristemente condujo a la pérdida de tres vidas.
La exigencia de ADDEPU se dirige hacia una mayor transparencia y responsabilidad de las autoridades locales y regionales, incluyendo específicamente al Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación con las inspecciones de seguridad de las instalaciones públicas. Se plantean interrogantes sobre quién realizó la inspección de la residencia, quién aprobó estas condiciones de seguridad y, en caso de que estos servicios hayan sido externalizados, se solicita que se emprendan acciones legales por negligencia contra las empresas implicadas.
ADDEPU enfatiza la importancia de realizar investigaciones detalladas para esclarecer las causas del incendio y asegurar que se tomen medidas preventivas para evitar futuras catástrofes. Resaltan la urgente necesidad de ofrecer apoyo a las familias afectadas y de implementar estrategias para salvaguardar la vida y el bienestar de los residentes de estas instituciones.
Este exhorto por parte de ADDEPU surge en un contexto doloroso, recordando las 7.924 vidas perdidas, incluidas las más recientes, debido a la falta de medidas de seguridad y fallos en los protocolos establecidos. La comunidad de personas mayores insiste en la importancia de tener una voz más influyente y de tomar acciones decisivas para promover la seguridad y protección dentro de su colectivo, marcando así un punto de inflexión en la lucha por la dignidad y el respeto hacia los derechos y necesidades de las personas mayores.
