Este miércoles Bolivia vivió una jornada de máxima tensión política tras un fallido intento de golpe de Estado encabezado por altos mandos militares. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó en una conferencia de prensa al excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga y al excomandante de la Fuerza Nava, Juan Arnez como los principales autores de un movimiento militar irregular que buscaba la toma del poder. Los hechos, que Del Castillo describió como un intento de «interrumpir la democracia», tenían como objetivo derrocar al presidente democráticamente electo, Luis Arce.
Planificación del Golpe en Bolivia
Según Del Castillo, el golpe de Estado en Bolivia fue planificado meticulosamente en varias reuniones, y el general Zúñiga pretendía «tomar el mando del país, vulnerando la Constitución Política del Estado». A las tres de la tarde, vehículos blindados y efectivos militares con pasamontañas se posicionaron en las esquinas de la plaza Murillo, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional en La Paz. El movimiento militar dejó nueve personas heridas, entre ellas un joven de 16 años brutalmente golpeado por militares, quienes fueron trasladados a centros médicos.
Del Castillo narró cómo, al confrontar al general Zúñiga, a quien calificó de «criminal», éste admitió su descontento con la situación militar y la movilización. Zúñiga habría dicho: «Pronto va a haber un nuevo gabinete, las unidades militares están en posición de apronte. Estamos mostrando nuestra molestia«. Estas declaraciones, según Del Castillo, evidencian la intención de Zúñiga de «tomar la Casa del Pueblo».
Intento de Toma del Palacio Quemado
Del Castillo señaló a Zúñiga como el responsable de violentar la puerta del Palacio Quemado, sede presidencial en Bolivia e ingresar con un vehículo de guerra, destruyendo un emblema y un símbolo nacional. «Las dos personas se encontraban al interior de un vehículo blindado, el cual impactó contra las puertas de la casa de la democracia en nuestro país, es decir, contra el Palacio Quemado. Buscaban derrocar un gobierno democráticamente electo con más de 3.4 millones de votos», afirmó el ministro.
El Gobierno boliviano se comprometió a garantizar el derecho a «la no repetición» de estos hechos, y a sentenciar a las personas que generaron este alzamiento armado y atentaron contra la vida del presidente y vicepresidente del Estado. Del Castillo advirtió que los detenidos no recobrarán su libertad en un tiempo menor al que establece la ley.
Alegaciones de autogolpe
En una sorprendente declaración, Zúñiga alegó que el presidente Luis Arce le pidió sacar los carros blindados para enfrentar una semana complicada y levantar su popularidad. «El presidente me dijo que la situación estaba muy jodida, muy crítica. Entonces, es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. ‘¿Sacamos los blindados?’, le pregunté y me dijo ‘saca’», afirmó Zúñiga. Estas declaraciones, sin embargo, fueron desmentidas por el Gobierno, que calificó las alegaciones de Zúñiga como un intento desesperado de desviar la atención de su propia implicación en el golpe.
Los militares Zúñiga y Arnez fueron trasladados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y serán procesados por terrorismo y alzamiento armado, según la Fiscalía de La Paz. La Fiscalía General del Estado ordenó la apertura de un proceso contra ellos y otros uniformados, además de activar una “alerta migratoria”.
El presidente Luis Arce convocó a la población a movilizarse contra el golpe de Estado desde la Casa Grande del Pueblo, enfatizando la importancia de no permitir que se repitan intentonas golpistas. «Vamos a aplacar los apetitos inconstitucionales», declaró Arce, llamando a la unidad y calma. Asimismo, nombró a un nuevo comandante general del Ejército, José Wilson Sánchez, quien ordenó a las tropas que regresaran a los cuarteles, logrando así controlar la sublevación militar.
En una de sus primeras medidas, Arce nombró a un nuevo comandante general del Ejército, José Wilson Sánchez, quien ordenó a las tropas que regresaran a los cuarteles. Sánchez, en su discurso, destacó la importancia de mantener la legalidad y el respeto a la Constitución. Tras su llamado, los militares golpistas comenzaron a retirarse de la plaza Murillo.
Condena Internacional al golpe en Bolivia
El intento de golpe ha sido condenado por todo el espectro político boliviano y la comunidad internacional. Líderes opositores, como Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, expresaron su apoyo a las instituciones democráticas, subrayando la ilegalidad de cualquier intento de golpe. «El mandato del actual Gobierno debe concluir el 8 de noviembre de 2025. Cualquier intento como este no es otra cosa que un golpe de Estado», advirtió Mesa.
El intento de golpe incluye una crisis económica con escasez de dólares y combustibles, además de protestas sociales que el Gobierno atribuye al evismo. En discursos recientes, Arce señaló que detrás de demandas aparentemente legítimas había un plan para acortar su mandato, acusando implícitamente al expresidente Evo Morales. Morales, por su parte, denunció la movilización de un grupo militar en la plaza Murillo, llamando a la defensa de la patria.
Lo sindicatos llamaron a la huelga general
La Central Obrera Boliviana (COB) y otros sindicatos llamaron a una huelga general indefinida para defender al Gobierno. «Llamamos a la reflexión a las Fuerzas Armadas. Respeten la democracia y el Estado de derecho. No es por una persona, sino por todos», dijo Juan Carlos Guarachi, secretario de la COB.
