La Universidad de Harvard se enfrenta una de las mayores ofensivas institucionales en su historia reciente tras la decisión del Gobierno de Donald Trump de revocar su autorización para matricular a estudiantes extranjeros. La medida, enmarcada en una creciente presión política, podría afectar a miles de alumnos y ha sido condenada por la institución como un acto represivo que atenta contra su misión educativa y su comunidad internacional.
Un nuevo frente en la guerra entre Harvard y la Casa Blanca
El Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por la secretaria Kristi Noem, anunció este jueves la revocación de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés) de Harvard, lo que impide a la universidad inscribir nuevos estudiantes internacionales. Según Noem, la decisión responde a un "incumplimiento de la ley" por parte de la universidad.
“Que esto sirva de advertencia a todas las instituciones académicas del país”, escribió Noem en la red social X. En respuesta, Harvard calificó la decisión como "ilegal" y afirmó que socava gravemente su labor educativa y científica.
Casi el 30% del alumnado de Harvard —unos 7.000 estudiantes— procede del extranjero. Su exclusión no solo implica un revés académico para la institución, sino que amenaza con debilitar el ecosistema intelectual de una de las universidades más prestigiosas del mundo.
Presión política y represalias fiscales
La tensión entre el Ejecutivo estadounidense y Harvard no es nueva. Desde abril, la Casa Blanca ha condicionado la renovación de beneficios fiscales y subvenciones gubernamentales a que la universidad cumpla una serie de exigencias, entre ellas entregar información sobre la conducta de estudiantes extranjeros y cooperar en investigaciones sobre supuestas actividades "ilegales o peligrosas" en el campus.
El presidente de Harvard, Alan M. Garber, ha liderado la resistencia de la universidad, negándose a aceptar lo que considera un intento de control ideológico. “Esta acción de represalia amenaza con causar un daño grave a la comunidad de Harvard y a nuestro país”, advirtió la institución en un comunicado oficial.
La administración Trump ha intensificado su campaña contra lo que considera "ambientes hostiles para los estudiantes judíos" en los campus universitarios, usando esa acusación como base para abrir investigaciones y aplicar sanciones. La reciente medida se produce después de que el Departamento de Seguridad Nacional exigiera a Harvard todos los registros disciplinarios de los estudiantes extranjeros de los últimos cinco años.
Un desafío sin precedentes a la autonomía universitaria
Con un fondo patrimonial de más de 53.000 millones de dólares, Harvard posee una capacidad financiera sin parangón en el mundo académico. Esta fortaleza ha sido clave para mantener su independencia frente a las presiones del gobierno. Sin embargo, la actual ofensiva abre una peligrosa senda de intervención estatal en la gobernanza universitaria.
La vicepresidenta ejecutiva de la universidad, Meredith Weenick, ha reiterado que Harvard solo compartirá la información "estrictamente requerida por la ley", en un intento de proteger los derechos civiles de su alumnado. La comunidad educativa y numerosos sectores políticos ven en estas medidas un intento de instrumentalizar la política migratoria para coaccionar a las instituciones académicas.
Harvard, que desde su fundación en 1636 ha sido símbolo del pensamiento crítico y la excelencia educativa, se encuentra ahora en el centro de una batalla que trasciende sus muros. Lo que está en juego no es solo la libertad de sus alumnos internacionales, sino la autonomía de las universidades frente al poder ejecutivo en la era Trump.