Entre enero y abril de 2025, las autoridades saudíes ejecutaron al menos a 88 personas, de las que 52 estaban condenadas por delitos de drogas. Se trata de un aumento brusco con respecto a 2024, cuando se batió el récord de ejecuciones: durante el mismo periodo se ejecutó a 46 personas, ninguna por ese tipo de delitos. La pasada semana, la Agencia de Prensa Saudí anunció la ejecución de tres personas, dos saudíes por “promover el hachís” y un pakistaní por “tráfico de heroína”.
“A pesar de las reiteradas afirmaciones de que se está limitando el uso de la pena de muerte en los casos en que la sharia no la prescribe, el alarmante aumento de las ejecuciones por delitos de drogas pone de manifiesto la cruda realidad: Arabia Saudí incumple flagrantemente el derecho y las normas internacionales, que restringen el uso de la pena de muerte a ‘los delitos más graves’, los que implican homicidio intencionado”, ha afirmado Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Las autoridades saudíes deben poner fin de inmediato a esta oleada de ejecuciones, suspender oficialmente todas las ejecuciones y avanzar hacia la abolición de la pena de muerte para todos los delitos", ha dicho.
Hasta que se produzcan estos cambios, Arabia Saudí debe revisar su legislación con urgencia para eliminar las disposiciones que permiten imponer la pena de muerte. Asimismo, debe garantizar su abolición en cualquier código penal que se adopte, también para los delitos que no alcanzan el umbral de los “más graves” establecido en las normas internacionales, como es el caso de los delitos de drogas, y garantizar que todas las personas tienen acceso a juicios justos y a una representación letrada adecuada.
Aunque las autoridades saudíes no publican ni difunden las cifras de personas condenadas a muerte, los medios de comunicación afines al gobierno con regularidad hablan de detenciones por delitos de droga, de lo que se deduce que el número de personas detenidas y condenadas a muerte por tales delitos es elevado.
En noviembre de 2024, las autoridades de la prisión de Tabuk trasladaron a un mismo pabellón a 35 egipcios condenados por delitos de drogas, una medida que suele suscitar el temor a una ejecución inminente. Desde noviembre de 2024, al menos 10 ciudadanos extranjeros y dos saudíes han sido ejecutados por delitos de drogas en esa misma prisión, lo que hace temer la ejecución inminente del resto.
Además, en marzo de 2025 había al menos 44 hombres somalíes condenados a muerte en la prisión de Najran, en el suroeste de Arabia Saudí, por delitos de drogas, según el consulado somalí en el país. El 16 de febrero de 2025, el Ministerio del Interior saudí anunció la ejecución en Najran del somalí Mohamed Nur Hussein por “contrabando de hachís”, lo que hacía temer por la suerte que corrían decenas de otras personas condenadas a muerte.
Un egipcio condenado a muerte dijo a su familia en abril: “Hace unos días se llevaron a un sudanés en plena noche, mientras dormíamos”. Otro miembro de la familia profundamente afligido dijo a Amnistía Internacional: “No queda tiempo para salvarlos, el tiempo se acaba”.
Tras una pausa de unas pocas semanas antes y durante el Ramadán —del 20 de febrero al 6 de abril—, las ejecuciones se reanudaron a un ritmo alarmante en este mes, con un aumento asombroso de los casos de extranjeros ejecutados por delitos de drogas. Entre los días 6 y 24 de abril de 2025, Arabia Saudí ejecutó a 22 personas, más de una al día de media. De ellas, 17 eran extranjeros de ocho países árabes, subsaharianos y asiáticos, incluido el sur de Asia, condenados por delitos de drogas en todos los casos. También se ejecutó a seis ciudadanos saudíes, tres por delitos de drogas y otros tres en relación con cargos de asesinato y terrorismo.
Juicios manifiestamente injustos
Amnistía Internacional ha documentado las violaciones de las garantías de juicio justo antes de las ejecuciones, incluidas las de ciudadanos extranjeros.
Al menos cinco egipcios condenados a muerte no pudieron permitirse representación letrada por limitaciones económicas, y no se les proporcionó un abogado de oficio ni durante la investigación ni durante el juicio.
En otra causa, también de un ciudadano egipcio condenado a muerte, la persona tenía un abogado de oficio que, durante el juicio, no presentó información crucial sobre el caso para apoyar su defensa.
Varios de los ciudadanos egipcios que corren peligro de ejecución contaron a sus familias y al juez que durante los interrogatorios habían sido sometidos a tortura para extraerles “confesiones”. Según los documentos judiciales examinados por Amnistía Internacional y las “confesiones” empañadas por la tortura utilizadas como prueba contra ellos, no se investigó ninguna de sus denuncias de tortura.
Issam Shazly, ciudadano egipcio declarado culpable y condenado a muerte en 2022 en virtud del artículo 37 de la Ley de Control de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, no contó con representación letrada durante el arresto y la investigación. Su familia contó a Amnistía Internacional que, posteriormente, el tribunal designó un representante letrado para apoyar su defensa, pero el abogado no cooperó y no les informó sobre detalles cruciales, como la posibilidad de solicitar el indulto o el plazo de recurso o de sentencia del Tribunal Supremo.
En 2019, Rami al Najjar fue condenado por un tribunal saudí por introducción de drogas reguladas en el país para su venta y por posesión de ocho gramos de hachís para consumo personal, según los documentos judiciales analizados por Amnistía Internacional. No se le asignó abogado de oficio. Contó a Amnistía Internacional que durante la vista de apelación el juez le había dicho que no podía presentar alegaciones contra su condena porque carecía de abogado. Él mismo presentó un recurso ante el Consejo Judicial Supremo, pero no recibió respuesta. La familia de Rami logró finalmente que se le asignara un abogado a principios de 2025, pero dijeron que, en marzo, el abogado aún no había hecho nada porque estaba esperando a ver la evolución del caso. Un miembro de la familia manifestó: “No entiendo qué más tiene que suceder, aparte de la ejecución inminente de Rami, para que el abogado reabra el caso”.
Mohamed Ahmed Saad y Omar Ahmad Ibrahim fueron detenidos en mayo de 2017 y acusados de traficar con captagon, una droga sintética. A continuación fueron recluidos en régimen de incomunicación durante un año y medio. Llevan cerca de ocho años condenados a muerte. A ambos se les negó el acceso a representación letrada y, según documentos judiciales, los dos “confesaron” los cargos tras ser sometidos a fuertes palizas. El 9 de octubre de 2019, un tribunal de apelación confirmó su condena a muerte.
Sólo en 2024 se realizaron 122 ejecuciones por delitos de drogas
Arabia Saudí ha sido siempre uno de los países del mundo en el que se ha registrado un mayor número de ejecuciones. En 2024, las autoridades anunciaron la ejecución de 122 personas por delitos de drogas, cifra que representa una porción significativa de las 345 ejecuciones conocidas llevadas a cabo ese año. Este fuerte aumento se produjo tras un paréntesis de casi tres años sin llevar a cabo ejecuciones de este tipo, a raíz de la moratoria anunciada por la Comisión de Derechos Humanos saudí en enero de 2021.