Mientras Jair Bolsonaro se encierra tras las puertas de su lujosa residencia bajo arresto domiciliario, la democracia brasileña avanza en su imprescindible ejercicio de depuración institucional. La decisión del juez Alexandre de Moraes de reforzar la vigilancia sobre el expresidente, ante el evidente riesgo de fuga, marca un punto de inflexión: la justicia no olvida y el Estado de derecho no se arrodilla ante quienes quisieron destruirlo.
Una estrategia golpista disfrazada de exilio
Los recientes hallazgos en el teléfono incautado a Bolsonaro son más que meros indicios: son pruebas materiales de un proyecto criminal planificado y sostenido por una red internacional de ultraderecha. La presencia de un borrador de solicitud de asilo dirigida a Javier Milei, presidente argentino y aliado ideológico, revela no solo la intención de fugarse, sino la existencia de un entramado político transnacional dispuesto a brindar refugio a quienes atentan contra la democracia.
El borrador, fechado en febrero de 2024, desmonta el relato victimista de la defensa del exmandatario, que insiste en negar cualquier intento de huida. La reacción del Supremo es clara y legítima: la prisión domiciliaria no puede convertirse en un blindaje para conspirar o evadir responsabilidades penales. La propuesta de la Policía Federal de aumentar el número de agentes incluso dentro del domicilio muestra hasta qué punto se percibe como real la amenaza de fuga y obstrucción judicial.
El uso de una tobillera electrónica, insuficiente por su dependencia de la señal móvil, y la limitación del acceso a redes sociales no han frenado las maniobras del expresidente, que continúa —a través de su entorno más próximo— intentando desestabilizar el orden democrático y entorpecer su proceso judicial.
El precio de una democracia traicionada
Los cargos contra Bolsonaro no son menores ni circunstanciales: intento de golpe de Estado, organización criminal armada, destrucción de patrimonio público y atentado contra el Estado de derecho. En cualquier país mínimamente serio, estas acusaciones colocarían al acusado en un lugar ineludible: ante la justicia, sin privilegios ni fuegos de artificio.
El Supremo ha sido claro. La decisión de mantener una vigilancia constante, que puede llegar al interior de su residencia, no es un gesto político, sino una obligación ante quien ha demostrado desprecio absoluto por las reglas del juego democrático. La historia reciente de Brasil está marcada por las secuelas de los intentos golpistas del bolsonarismo: asaltos a instituciones, desinformación masiva, militarismo rampante y una sistemática demolición del tejido institucional.
La derecha autoritaria y populista —esa que enarbola la bandera del orden mientras conspira en la oscuridad— empieza a encontrarse con el límite de sus propios excesos. Bolsonaro, otrora valiente en los balcones, se refugia ahora tras las cortinas de su mansión, temeroso del juicio de la justicia y de la historia.
Brasil da señales inequívocas de madurez democrática. El proceso judicial contra Bolsonaro no es una vendetta, sino una necesidad histórica para cerrar las heridas del golpismo y defender la democracia frente a sus enemigos internos. La vigilancia al expresidente es un acto de protección institucional, no una agresión: porque quien conspiró para tomar por la fuerza el poder no puede esperar indulgencia.
La justicia se acerca. Y con ella, el fin del mito del "salvador", del militar redentor, del caudillo de la cruzada reaccionaria. Lo que queda es un hombre rodeado de pruebas, aislado, desautorizado, y vigilado. Como corresponde a quienes traicionan el mandato popular.