Bruselas investiga el abuso de los Fondos Buitre en Madrid

La portavoz de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González, registró ayer mañana en la Comisión Europea, una denuncia contra la venta de más de 1.800 viviendas públicas (más locales, trasteros y garajes, hasta llegar en total a 5.315 inmuebles de titularidad pública) a la sociedad instrumental Fidere, perteneciente al grupo Blackstone durante el gobierno de Ana Botella, en 2013.La práctica supuso que muchos inquilinos, que ya tenían unas cuotas establecidas por el alquiler de sus viviendas, en función de su situación socioeconómica, se vieron perjudicados por los nuevos precios impuestos por los nuevos propietarios. Ante la imposibilidad de abonar dichos alquileres, Fidere entonces coaccionó a estos vecinos hasta el punto de echarles a la calle si no podían hacer frente a los pagos..El Tribunal de Cuentas ya puso en cuestión, a principios de noviembre, la operación de Venta de 1.860 viviendas de VPO a la filial de Blackstone, reconociendo que "puede existir un beneficio injustificado en los compradores”.Los socialistas consideran, y así lo argumentan en el escrito, que la operación pudo vulnerar las normas sobre mercado interior –en concreto la de mercados públicos- y pudo transgredir también el derecho de la competencia recogido en los artículos 101 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la UE. Consideran que la venta de 18 promociones de vivienda de protección pública a una sociedad instrumental pudo vulnerar las normas sobre mercado interior y transgredir el derecho de la competencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la UE.Los argumentos que se exponen en la denuncia coinciden con el Informe de la Cámara de Cuentas: se distorsionó la libre concurrencia de los licitadores en la venta de las 18 promociones y el procedimiento adoptado bloqueó, por un lado, los principios de libre acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos y, por otro, los principios de no discriminación e igualdad de trato entre los posibles candidatos a la compra.La denuncia ante instancias europeas forma parte de las acciones judiciales que emprendió el Grupo Municipal Socialista desde el momento en el que se conoció la enajenación de este patrimonio municipal en una transacción plagada de defectos e irregularidades que suscitó, además, la celebración de una Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de Madrid a la que no acudieron ninguno de los responsables políticos de la operación.