Miguel Ángel López, director de una funeraria de Tibú, se dedicaba a recuperar los cadáveres que aparecían en los caminos de una de las regiones más conflictivas de Colombia, el Catatumbo. El 15 de enero, fue asesinado junto a su esposa y su bebé de 10 meses mientras viajaban en el coche fúnebre hacia Cúcuta, según los medios locales. Sólo sobrevivió su hijo de 10 años.
Menos de 24 horas después, varios excombatientes que firmaron el Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC fueron asesinados. Otros miles han huido desde entonces en un conflicto entre el ELN y el Frente 33, un grupo disidente de las FARC que ya se ha cobrado la vida de al menos 80 personas y ha desplazado a comunidades enteras.
“Muchos líderes de derechos humanos tuvieron que salir de la zona por las amenazas de los grupos armados y en esa salida de la zona hubo masacres, asesinatos selectivos de líderes, muertes de familiares”, explica Diego Andrés García, que trabaja en la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y coordina la respuesta de las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones.
Más de 53.000 personas se han trasladado a los núcleos urbanos, como Cúcuta, Ocaña y Tibú, donde las agencias de la ONU y otras organizaciones está ayudando a los ayuntamientos a darles refugio y ayuda de emergencia.
“Lo perdí todo, tuve que salir sin nada. No hubo tiempo”, cuenta María, una las desplazadas.
Vídeos que circulan en redes sociales han capturado el horror de la violencia. ‘Plomaceras’ (tiroteos), vecinos que escapan a través de caminos, en motocicletas, o en lanchas. Maestros de áreas remotas que abandonan sus puestos, dejando a 46.000 niños sin posibilidad de ir a la escuela.
El Catatumbo, "casa del trueno" en la lengua del pueblo Barí, es una región remota y pobre, pero de gran diversidad biológica y riqueza natural, atravesado por numerosos ríos y quebradas en el noreste del país, que hace frontera con Venezuela. Es un territorio en disputa entre grupos armados debido a su importancia para la minería, la producción de coca y el tráfico ilícito y a la escasa presencia del Estado. En los últimos meses, se ha pasado de una tensa coexistencia entre grupos armados a una guerra abierta por el control del narcotráfico.
En respuesta a la crisis, el presidente Gustavo Petro ha declarado el “estado de conmoción” en Catatumbo y ha desplegado,en los últimos días, unidades militares de reacción rápida en Ocaña, Norte de Santander. El presidente colombiano también decidió romper las negociaciones de paz con el ELN el pasado 17 de enero.
Respuesta humanitaria
Mientras, las agencias de la ONU ayudan a las personas desplazadas, entregando agua y alimentos, kits de higiene, mantas y colchonetas… en Cúcuta (23.066 personas desplazadas), Tibú (13.541 desplazados) y Ocaña (10.285 desplazados).
Pero atrás, en las montañas, miles de personas han quedado atrapadas en sus casas. Casi 8.500 personas están “confinadas” en veredas de las que no pueden salir y a las que no llega la ayuda y otras 19.000 tienen restricciones para desplazarse a otros núcleos de población.
“Nadie ha podido acceder a esa población, porque no tenemos garantías de acceso humanitario, porque todavía hay enfrentamientos, porque hay campos minados y porque los grupos armados no nos dejan entrar”, explica García. “Estamos esperando que lleguen garantías del acceso humanitario para que con los socios podamos desplegar respuestas”.
“A penas las personas confinadas puedan salir, dirán ‘no yo aquí no me quedo. ¿Cómo me voy a quedar si la escuela está minada? ¿Cómo me voy a quedar si me dijeron que si salía me mataban? Seguramente vuelvan a desplazarse”, añade.
En la primera fase de la emergencia, las agencias respondieron con los fondos locales para Norte de Santander. Pero una emergencia de esta magnitud, con 80.000 afectados, “desborda la capacidad de los socios, de las instituciones e incluso del Gobierno nacional”, señala el trabajador humanitario.
El coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, “ha aprobado la asignación de 3,8 millones de dólares a Colombia del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF)”, que permitirán ampliar la respuesta a los confinados, “sin descuidar lo que tenemos acá”, dice García sobre los desplazados.
Los nuevos fondos se destinarán a complementar la respuesta en temas de protección, refugio, agua y saneamiento, educación, salud y seguridad alimentaria y nutrición.
Venezolanos “sin redes de apoyo”
En los últimos años, miles de venezolanos cruzaron la frontera hacia Colombia y muchos se asentaron en el área de Cúcuta.
En el Catatumbo, viven 42.023 personas de nacionalidad venezolana, según Migración Colombia, de los que 4.600 se han visto desplazados. Algunos se ganan la vida raspando coca, sumergidos en la economía ilegal.
Los venezolanos no van a regresar al Catatumbo “porque no tienen un arraigo, no tienen sus redes de apoyo”, por lo que algunos optan por volver a Venezuela y otros por quedarse en los centros urbanos colombianos. Son personas con “grandes carencias de orientación y formación”. “Es una población que como estaba inmersa en el Catatumbo, no sabe que es el Permiso Especial de Permanencia (PEP), no sabe que hay una migración Colombia, no saben que tienen derecho a regularización, están irregulares”, señala García.
La guerra por la cocaína
Seis décadas de conflicto en Colombia han matado a 450.000 personas y desplazado a ocho millones.
Hace ocho años el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP firmaron un acuerdo de paz, que ha alcanzado progresos notables.
Sin embargo, la retirada de las FARC de regiones como el Catatumbo creó un vacío de poder que llenaron otros grupos armados, como el ELN y las disidencias de las FARC.
Este cambio reavivó las disputas territoriales en el Catatumbo, una de las zonas más complejas en el contexto del conflicto por tratarse de una región remota y fronteriza con Venezuela, que alberga petróleo en su subsuelo y es el mayor enclave de cultivos de coca y donde tienen presencia varios grupos armados.
Tibú, en la frontera con Venezuela, es el municipio de Colombia con más hectáreas de coca, con 23.030 según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC). La región del Catatumbo es la tercera del país con 43.867 hectáreas, por detrás de Pacífico (107.078 hectáreas) y Putumayo Caquetá (56.933 hectáreas).
El 16 de enero de 2025, las tensiones entre el ELN y el Frente 33 estallaron. Según Diego Tovar, uno de los exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz, "ésta es la mayor crisis humanitaria a la que nos hemos enfrentado en Colombia desde que firmamos el acuerdo".
El Catatumbo, como muchas regiones de Colombia, aún espera los dividendos del Acuerdo de Paz de 2016 en términos de una presencia integral del Estado que traiga servicios públicos, economías legales, oportunidades de desarrollo y seguridad. Es en el vacío de presencia estatal donde los grupos armados ilegales luchan por el control territorial y social”, dijo recientemente Carlos Ruiz Massieu, el responsable de la Misión de la ONU encargada de verificar el acuerdo de Paz, al Consejo de Seguridad.
“La mayoría no quieren regresar”
Los campesinos que han tenido que huir pierden además de su casa, su forma de ganarse la vida: los animales y la tierra.
“Hay familias que han intentado regresar porque han tenido presiones de que les van a quitar sus tierras, sus animalitos, sus cultivos. Y han llegado y han tenido que volverse a desplazar. O hay familias que cuando llegaron otra vez se encontraron con otro metido en la tierra”, cuenta García. “Los alcaldes tienen una preocupación muy grande y es que la mayoría de esa población creo que va a quedar inserta en los cascos urbanos. Lo que históricamente pasa es que suben los índices de pobreza extrema llegan a los asentamientos humanos informales…”
Unos 46.900 niños se han quedado sin poder ir a la escuela y están retomando las clases en centros de Tibú, Ocaña y Cúcuta. UNICEF y otras agencias están entregando kits educativos, kits de apoyo en salud mental para niños, niñas y adolescentes
El coordinador también destaca que es necesario proteger a los niños y mujeres que viven en albergues. “Se exacerban los riesgos de violencia basadas en género. Hay que seguir acompañando fuertemente a las instituciones para que esos albergues tengan el enfoque de protección”.