La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha informado de "ataques coordinados contra varias aldeas" en Ramala y Nablus, tres palestinos fueron asesinados a tiros por soldados israelíes en Kafr Malik y al menos seis personas más resultaron heridas por munición real.
El jefe de esa dependencia en los territorios palestinos ocupados, Ajith Sunghay, alertó de que el ingreso de numerosos colonos a las filas del ejército israelí ha complicado la situación al determinar la procedencia de las agresiones.
“Después del 7 de octubre de 2023, miles de colonos han sido reclutados por el ejército israelí. Hay soldados durante el día y colonos por la noche. Estamos en un punto en el que se está volviendo extremadamente difícil separar la violencia del Estado de la de los colonos”, explicó.
Sunghay destacó el firme respaldo político del gobierno israelí para que exploten los acontecimientos en Gaza -y la atención mundial centrada en esa guerra- con el fin de “expulsar a las comunidades palestinas y adquirir toda la tierra palestina posible”.
Desplazamiento forzado y confiscaciones de tierras
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reforzó las declaraciones de Sunghay al afirmar que los palestinos en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, sufren cada vez más desplazamientos forzados y confiscaciones de tierras.
Las autoridades israelíes han intensificado las medidas para trasladar a un gran número de personas de pueblos y comunidades palestinas de larga data, apuntó la Oficina.
El 18 de junio, el Consejo Superior de Planificación de la Administración Civil Israelí emitió una directiva para rechazar todos los permisos de construcción y planificación presentados por los palestinos en Masafer Yatta, en las colinas del sur de Hebrón, en la zona que las autoridades israelíes denominan Zona de Tiro 918.
La decisión se basó en que el ejército israelí necesita la zona para “entrenamiento militar”.
ONU Derechos Humanos detalló que, en los últimos meses, Israel ha incrementado drásticamente las demoliciones de viviendas, así como las detenciones arbitrarias y los malos tratos a palestinos y defensores de los derechos humanos, lo que ocurre junto con la intensificación de las restricciones de movimiento en Masafer Yatta y sus alrededores para expulsar a los palestinos.
Al mismo tiempo, colonos israelíes de asentamientos cercanos han perpetrado ataques y hostigado a diario a palestinos, incluyendo ancianos, mujeres y niños, para obligarlos a abandonar el lugar.
Crimen de guerra
“La reciente directiva de la Administración Civil Israelí allana el camino para que el ejército israelí demuela las estructuras existentes en la zona y expulse a los aproximadamente 1200 palestinos que viven allí desde hace décadas, lo que constituiría un traslado forzoso, lo que se considera un crimen de guerra”, advirtió la dependencia.
También podría constituir “un crimen de lesa humanidad si se cometiera como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil, con conocimiento del ataque”, abundó.
La Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA) indicó por su parte, que unos 6463 palestinos han sido desplazados por la fuerza tras la demolición de sus hogares por parte de Israel entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de mayo de 2025. Esta cifra no incluye a los aproximadamente 40.000 palestinos desplazados de tres campos de refugiados en Yenín y Tulkarem como consecuencia de las intensas operaciones israelíes en el norte de Cisjordania desde enero.Durante el mismo periodo, más de 2.200 palestinos fueron desplazados por los ataques de colonos y las restricciones de acceso.
Los palestinos en la Jerusalén Oriental ocupada también enfrentan la amenaza constante del desalojo forzoso de sus hogares y tierras.
Campaña concertada del Estado y los colonos israelíes
El Tribunal Supremo de Israel avaló este mes el desalojo de cinco familias palestinas, 37 personas, de sus hogares en el barrio de Batn El Hawa, en Silwan, basándose en leyes discriminatorias que permiten a los judíos reclamar propiedades perdidas en la guerra de 1948, al tiempo que niegan a los palestinos los mismos derechos.
Además, la Autoridad de Tierras de Israel emitió avisos de desalojo el 11 de junio para las residencias en Umm Tuba. Se informó a los 150 palestinos afectados que el terreno estaba registrado a nombre del Fondo Nacional Judío bajo el título de propiedad.
“Estos desalojos forman parte de una campaña concertada del Estado de Israel y las organizaciones de colonos, que atacan barrios palestinos para confiscar viviendas palestinas y expandir los asentamientos judíos”, declaró ONU Derechos Humanos, que ha denunciado repetidamente las intenciones israelíes de anexarse los territorios palestinos.
La Oficina enfatizó que estos actos violan el derecho internacional, que prohíbe la confiscación de propiedad privada en territorios ocupados, como se destacó en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del pasado mes de julio.