Más de 61.000 personas han sido asesinadas en Gaza desde octubre de 2023. La masacre continúa, y con ella crece el clamor global contra la impunidad del gobierno de Netanyahu y sus socios internacionales. Ahora, una nueva herramienta se pone en marcha: la huelga de consumo, un acto político no violento que busca golpear donde más duele al sistema que sostiene el genocidio: el bolsillo. No es una protesta simbólica. Es una interrupción real del engranaje económico que financia la limpieza étnica.
El consumo como forma de resistencia
A partir de este jueves 21 de agosto, y cada jueves en adelante, se lanza la iniciativa “Global Strike for Gaza”. La propuesta es clara: no comprar nada, no consumir ningún servicio, no mover ni un euro durante 24 horas. El objetivo: generar una huella medible que se refleje en los informes financieros, perturbe los flujos bancarios y envíe un mensaje político contundente: la impunidad tiene un coste.
La iniciativa —apoyada por organizaciones como BDS y la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP)— no busca gestos vacíos. Apela a la acción colectiva con impacto económico real. En palabras de sus impulsores: “Cuando los gobiernos callan, es el pueblo quien debe hablar con fuerza. Y nuestra voz, este jueves, es el silencio de las cajas registradoras.”
En las economías occidentales, el consumo de los hogares supone más del 60% del PIB. Afectarlo, aunque sea un día a la semana, puede dejar rastro. Por eso, desde la organización se llama a preparar las compras con antelación y evitar cualquier transacción: desde comprar el pan o un café, hasta pagar una factura. Incluso se recomienda no usar transporte público si es posible, o abonar el billete antes.
Contra el genocidio: boicot, presión y acción
No es la primera vez que el boicot económico demuestra su potencia. La retirada de Puma como patrocinador de la selección israelí, la ruptura de AXA con bancos israelíes o el fin de la venta de acero para armas anunciado por Sidenor son ejemplos recientes del efecto directo de campañas sostenidas por activistas, consumidores y sociedad civil.
La app No Thanks ha documentado decenas de empresas que aún hoy se lucran con la ocupación. Desde McDonald's hasta Carrefour, pasando por Burger King o Reebok, muchas de estas compañías han sido señaladas por su colaboración directa o indirecta con el régimen israelí.
Mientras, en Palestina, más de dos millones de personas enfrentan hambruna, sin agua potable ni acceso sanitario básico. La ONU ha descrito la situación como la catástrofe humanitaria más grave en décadas. Y, sin embargo, los gobiernos occidentales, incluido el español, siguen sin cortar lazos económicos ni diplomáticos con Tel Aviv.
Frente a esa complicidad institucional, la huelga de consumo aspira a convertir decisiones individuales en una fuerza colectiva visible e ineludible. Porque, como recordaba la activista palestina Bisan Owda, “es nuestro deber colectivo detener el genocidio; es un mínimo, pero genera el cambio necesario”.