Este 19 de abril se cumplen tres años desde que el régimen de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia intensificó su ofensiva contra los sindicatos independientes. Desde entonces, más de un centenar de sindicalistas han sido detenidos, perseguidos o forzados al exilio. Las organizaciones sindicales libres han sido ilegalizadas o asfixiadas por el poder. Y, lo que es aún más grave, en pleno siglo XXI, se ha borrado del mapa el derecho a organizarse y a protestar.
No se trata solo de una cuestión laboral. Lo que está ocurriendo en Bielorrusia es una advertencia peligrosa: cuando se anula la libertad sindical, cae una pieza clave de la democracia. Sin sindicatos no hay negociación colectiva, no hay derechos laborales, no hay equilibrio de poder. Solo queda miedo, imposición y castigo.
La OIT toma una decisión histórica
La situación es tan alarmante que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha invocado el artículo 33 de su Constitución, una medida excepcional que solo se aplica cuando un Estado miembro ignora sistemáticamente sus obligaciones. No ocurría algo así desde hace casi veinte años.
Este artículo permite sanciones colectivas y acciones coordinadas por parte de los países miembros. Y no es una decisión simbólica: supone un toque de atención serio a Bielorrusia, que continúa ignorando las recomendaciones internacionales, manteniendo a dirigentes sindicales en condiciones infrahumanas y criminalizando cualquier intento de organización.
La democracia también se mide en fábricas, en oficinas, en los convenios colectivos. Y cuando desaparecen los sindicatos, lo que desaparece es el derecho a tener derechos.
Aliaksandr Yarashuk, presidente del Congreso Bielorruso de Sindicatos Democráticos, sigue encarcelado desde diciembre de 2022. Su situación es dramática: confinado 23 horas al día, solo puede recibir una visita anual y carece de acceso a artículos de higiene básicos. Su delito fue ejercer el derecho a representar a trabajadores y trabajadoras.
España no puede mirar hacia otro lado
Desde CCOO y UGT se ha trasladado al Ministerio de Trabajo y al de Exteriores la necesidad urgente de actuar. España es miembro del Consejo de Administración de la OIT y, por tanto, tiene la responsabilidad de defender los derechos laborales donde estén siendo atacados.
Entre las medidas que se reclaman está la exclusión de la delegación bielorrusa de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo, el envío de una misión humanitaria independiente para visitar a los sindicalistas encarcelados, y la activación de mecanismos de presión diplomática en Naciones Unidas.
Porque la solidaridad no es un gesto simbólico ni una cuestión de cortesía entre países: es una obligación moral y política. Si permitimos que en Bielorrusia se encarcele a sindicalistas con total impunidad, estamos aceptando que eso pueda ocurrir en cualquier lugar. Y esa tolerancia es una amenaza directa a los valores democráticos en los que se sustenta Europa.
Sindicalismo no es extremismo
El régimen bielorruso ha tachado de “extremistas” a quienes participan en sindicatos independientes. Los ha equiparado con amenazas a la seguridad del Estado, solo por querer representar los intereses de sus compañeros y compañeras. Esta manipulación del lenguaje no es nueva: lo hemos visto en otras dictaduras que usan el miedo para justificar el autoritarismo.
Pero no debemos caer en la trampa: el sindicalismo no es extremismo, es democracia en acción. Es una red de apoyo, una herramienta de justicia, una forma de equilibrar relaciones de poder desiguales. Defender a quienes lideran esa lucha, incluso en las condiciones más duras, es también defender el derecho a disentir, a organizarse, a exigir.
Desde España, desde Europa, no podemos aceptar que luchar por derechos sea considerado un crimen.
No es un asunto lejano
Podríamos pensar que todo esto ocurre lejos, en un país que no tiene relación con nuestro día a día. Pero sería un error. La historia nos demuestra que los derechos, cuando no se protegen de forma global, se erosionan también a nivel local. Si permitimos que el sindicalismo desaparezca en Bielorrusia, ¿qué impide que se debilite aquí?
La libertad sindical está siendo atacada en muchos lugares del mundo. Las empresas multinacionales que operan en Bielorrusia no están exentas de responsabilidad. Y los gobiernos democráticos, como el español, tienen una oportunidad —y una obligación— de alzar la voz con contundencia.
No solo por quienes hoy están presos en cárceles oscuras por defender a sus compañeros, sino por todos los que creemos en una sociedad donde la justicia social se conquista, no se suplica.
La lucha continúa
Tres años después de las detenciones masivas, los sindicatos bielorrusos no han desaparecido. Siguen organizándose en el exilio, siguen denunciando, siguen creyendo que la solidaridad internacional puede marcar la diferencia. Es el momento de estar a la altura.
Desde la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA) y otras organizaciones globales se están promoviendo campañas como #FreeBelarusUnionists o #Unionism_NOT_extremism, que buscan visibilizar esta represión y presionar para la liberación de los sindicalistas presos.
La pregunta que debemos hacernos no es si podemos hacer algo. Es si estamos dispuestos a mirar hacia otro lado mientras se comete una injusticia tan flagrante. Porque si hoy callamos ante la represión de los sindicatos en Bielorrusia, mañana puede tocar aquí.