En un intento por reducir los costes de deportación y reforzar su cruzada contra la inmigración irregular, el gobierno de Donald Trump ha lanzado una polémica medida: pagar a los migrantes 1.000 dólares si abandonan voluntariamente el país. La propuesta, que busca maquillar con incentivos económicos lo que en esencia es una política de expulsión, ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y expertos en migración.
La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, fue la encargada de anunciar la iniciativa. El programa, gestionado a través de la aplicación CBP Home, promete un pago único a aquellos extranjeros en situación irregular que notifiquen y registren su salida del país. Solo tras la confirmación de su regreso al país de origen, recibirán el dinero prometido.
La medida ha sido presentada por el Departamento de Seguridad Interior como una “oportunidad histórica” para que los migrantes regresen a sus países con ayuda financiera y sin ser detenidos por el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas). Se promociona, además, como una “forma digna de salir de Estados Unidos”, evitando la persecución y la deportación forzosa.
Lo que el gobierno llama “autodeportación digna” ha sido interpretado por muchos como un disfraz cínico de la expulsión sistemática de inmigrantes, bajo la apariencia de una elección voluntaria. Se trata de una narrativa que, una vez más, refleja la visión deshumanizadora de la administración Trump hacia las personas migrantes.
El trasfondo económico de la medida deja en evidencia su verdadero objetivo: reducir los costes estatales de deportación, que actualmente alcanzan los 17.000 dólares por persona. Desde el propio Ejecutivo se reconoce que este sistema permitiría abaratar en más del 70% el proceso de expulsión. Es decir, el gobierno de Trump no está actuando por compasión, sino por eficiencia presupuestaria.
Más aún, se ha ofrecido a los migrantes que participen en el programa la posibilidad de no figurar como prioridad de detención y conservar una eventual opción de regresar legalmente en el futuro. Una promesa incierta, dada la ambigüedad de los criterios y los constantes cambios en la política migratoria bajo el mandato de Trump. Esta propuesta forma parte de una larga lista de políticas migratorias marcadas por el autoritarismo, la criminalización del extranjero y una obsesiva estrategia electoralista. Trump, quien ha basado buena parte de su discurso en construir muros, tanto reales como simbólicos, ahora recurre al incentivo económico como nueva forma de presión.
Lejos de ser un acto de generosidad, esta medida revela una lógica perversa: convertir la migración en un problema contable y a los migrantes en cifras que deben ser eliminadas del balance nacional. Es una política que prioriza el ahorro fiscal por encima de la dignidad humana. Se trata de una estrategia propagandística que pretende maquillar la dureza de un sistema que sigue tratando a los más vulnerables como amenazas que deben ser gestionadas, no como personas que merecen derechos y respeto.