En un movimiento legal sin precedentes, doce estados de Estados Unidos han interpuesto una demanda contra la Administración Trump, alegando que el exmandatario excedió sus poderes ejecutivos al imponer aranceles amparándose en una ley de emergencia. El caso podría redefinir los límites constitucionales del poder presidencial en materia de comercio exterior.
El frente judicial se amplía contra la política arancelaria del expresidente Donald Trump. Este miércoles, un grupo de fiscales generales de doce estados —entre ellos Nueva York, Arizona y Oregón— presentó una demanda formal ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. Acusan a la anterior administración de vulnerar la Constitución al imponer unilateralmente aranceles comerciales sin el respaldo del Congreso.
Según la denuncia, Trump utilizó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para justificar una serie de tarifas impuestas a productos importados, alegando amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, los demandantes consideran que esas supuestas emergencias fueron una estrategia política más que una realidad tangible. “Las amenazas que invocó el presidente no son ni inusuales ni extraordinarias”, han señalado los fiscales.
El objetivo del recurso judicial es claro: bloquear la aplicación de estos aranceles y limitar el uso de la legislación de emergencia como instrumento discrecional para alterar la política comercial. “Trump ha distorsionado el equilibrio de poderes al actuar como legislador en materia arancelaria”, denuncian en el escrito.
El litigio está encabezado por Kris Mayes (Arizona) y Dan Rayfield (Oregón), y cuenta con el respaldo de otros estados como Colorado, Connecticut, Illinois, Maine y Vermont. Todos los fiscales son de tendencia demócrata, lo que ha llevado a la Casa Blanca a calificar la iniciativa como una “cacería de brujas”. Kush Desai, portavoz adjunto del Gobierno, ha defendido que el expresidente actuó dentro de los márgenes legales para proteger la economía nacional frente a desafíos como la migración ilegal o el tráfico de drogas.
Este no es el único desafío judicial contra las medidas comerciales de Trump. En las últimas semanas, empresas privadas y organizaciones de derechos civiles también han acudido a los tribunales por motivos similares, lo que refleja un creciente rechazo a la interpretación expansiva del poder presidencial.
El caso promete abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites constitucionales del Ejecutivo, en un contexto donde las políticas comerciales se han convertido en una herramienta de confrontación política tanto dentro como fuera de Estados Unidos.