El Gobierno de Estados Unidos ha publicado más de 230.000 páginas de archivos relacionados con el asesinato de Martin Luther King Jr., en una decisión que pretende arrojar luz sobre uno de los crímenes políticos más relevantes del siglo XX. La familia del líder pacifista y diversas organizaciones han pedido tratar el contenido con respeto y responsabilidad, mientras el Centro King cuestiona el momento elegido para la difusión.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado oficialmente la desclasificación de cientos de miles de páginas sobre el asesinato de Martin Luther King Jr., ocurrido el 4 de abril de 1968 en Memphis. La iniciativa, presentada por la fiscal general Pam Bondi, se enmarca en un esfuerzo por cumplir compromisos de transparencia histórica y por atender la demanda social de esclarecer plenamente las circunstancias que rodearon la muerte del reverendo.
Bondi recibió en Washington a Alveda King, sobrina del líder asesinado, para conmemorar el anuncio. En declaraciones públicas, agradeció el gesto del Ejecutivo: “El pueblo estadounidense merece respuestas”, afirmó la fiscal general, subrayando el valor simbólico de esta publicación en la historia de los derechos civiles.
Alveda King expresó que la medida supone “un paso histórico hacia la verdad”, y remarcó que su tío luchó por la justicia y la libertad, principios que hoy continúan vigentes.
Legado y sombras de una figura histórica
Martin Luther King Jr., pastor bautista y líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, fue asesinado cuando contaba solo con 39 años. Su discurso “I Have a Dream” y su papel en la conquista de derechos fundamentales como la Ley de Derechos Civiles de 1964 o la Ley del Derecho al Voto de 1965 lo convirtieron en una figura universal. Su asesinato, mientras apoyaba una huelga de basureros en Memphis, conmocionó al mundo y reforzó su legado como símbolo de justicia e igualdad.
Los archivos desclasificados, según el Departamento de Justicia, son fruto de meses de trabajo conjunto con agencias como la CIA, el ODNI y la Administración Nacional de Archivos (NARA). Se suman a documentos previamente liberados durante el mandato del presidente Donald Trump, en relación con los asesinatos de John F. Kennedy y Robert Kennedy, en lo que fue una promesa electoral de mayor transparencia histórica.
Durante los años 50 y 60, el FBI espió y vigiló de manera sistemática a King, alegando falsos vínculos con el comunismo. En años recientes, el propio Buró ha reconocido aquellos actos como un grave abuso de poder.
La familia pide respeto y el Centro King cuestiona la oportunidad
A pesar de valorar la publicación, la familia del líder afroamericano ha pedido que se consulte el material “con empatía, moderación y respeto”, recordando que Martin Luther King fue víctima de una campaña sistemática de hostigamiento y desinformación liderada por el entonces director del FBI, J. Edgar Hoover.
Sus hijos, Martin Luther King III y Bernice King, han señalado que “durante su vida, nuestro padre fue objeto de una vigilancia invasiva y destructiva”. También han advertido del riesgo de malinterpretar los documentos fuera de contexto o utilizarlos con fines partidistas.
Por su parte, el Centro King, fundado por la viuda del líder, ha cuestionado el momento elegido para esta revelación. En un comunicado, lamenta que la desclasificación pueda desviar la atención de las luchas actuales contra la injusticia estructural, advirtiendo que, “si no se gestiona con cuidado, podría eclipsar las prioridades urgentes del presente”.
Un crimen aún envuelto en polémica
El asesinato de King fue atribuido a James Earl Ray, un segregacionista blanco que confesó el crimen, aunque más tarde se retractó. Falleció en prisión en 1998. Sin embargo, en 1999, una demanda civil promovida por la familia King concluyó que existió una conspiración más amplia, que involucró a Loyd Jowers, antiguos agentes estatales y actores no identificados. El jurado determinó que Ray no fue el autor material, y que habría sido utilizado como chivo expiatorio.
A pesar de que algunas de estas hipótesis han sido puestas en duda por posteriores informes del Departamento de Justicia, como el emitido en 2023, el debate sobre la autoría real y las posibles complicidades institucionales continúa abierto.
Con esta publicación masiva de documentos, el Gobierno estadounidense reabre un capítulo doloroso pero esencial de su historia, con el objetivo, al menos declarado, de ofrecer mayor claridad y justicia. Pero también pone en evidencia la dificultad de cerrar heridas abiertas en torno a un crimen que cambió para siempre el curso de los derechos civiles en el país.