La criminalización de la inmigración en Estados Unidos ha alcanzado un nuevo nivel con las propuestas legislativas de Misisipi y Misuri, que plantean otorgar recompensas económicas a quienes denuncien a inmigrantes indocumentados. El programa, impulsado por legisladores republicanos afines a Donald Trump, busca certificar a cazarrecompensas para identificar y facilitar la deportación de personas en situación irregular. La medida ha generado una ola de críticas por sus implicaciones éticas y legales, recordando prácticas propias de otros tiempos.
Un sistema de delación institucionalizado
En Misisipi, el fiscal de distrito del condado de DeSoto, Matthew Barton, respalda el proyecto de ley 1484 de la Cámara de Representantes, impulsado por el legislador republicano Justin Keen. La iniciativa propone la creación de un "Programa de Cazadores de Recompensas Certificados para Extranjeros Ilegales", otorgando 1.000 dólares a cada persona que ayude en la captura y deportación de inmigrantes indocumentados. Según sus impulsores, la medida pretende reducir el gasto de los contribuyentes en atención a migrantes.
El modelo ha sido replicado en Misuri, donde el senador estatal electo David Gregory presentó una propuesta similar, el Proyecto de Ley 72 del Senado. En este caso, se permitiría a los ciudadanos certificar su condición de cazarrecompensas y recibir pagos por sus denuncias. Además, se prohibiría a los inmigrantes en situación irregular acceder a beneficios sociales, licencias de conducir o la posibilidad de legalizar su estatus en el estado.
Persecución de migrantes
Las propuestas han generado un intenso debate sobre el uso de incentivos económicos para fomentar la persecución de migrantes. Organizaciones como Amnistía Internacional y la ACLU han advertido sobre el peligro de estas medidas, que podrían derivar en un aumento de la discriminación racial y de las denuncias infundadas basadas en el origen étnico o el dominio del inglés.
"Esto recuerda a las patrullas de esclavos del siglo XIX y crea un clima de miedo en las comunidades migrantes", denunció Amy Fischer, directora del Programa de Derechos de los Refugiados y los Migrantes de Amnistía Internacional en EE.UU. "En lugar de invertir en educación, sanidad o infraestructura, se destinará dinero a la persecución de vecinos, compañeros de trabajo y compañeros de clase".
Por su parte, la senadora estatal de Misuri Barbara Washington criticó duramente la iniciativa, asegurando que "fomentará la delación racista y el perfilamiento por el color de piel o el acento".
Un movimiento político con apoyo popular
Estas propuestas llegan en un contexto de radicalización de las políticas migratorias en EE.UU. y coinciden con el discurso de Donald Trump, quien ha convertido la inmigración en un eje central de su agenda. Su administración ha impulsado medidas como la Ley Laken Riley, que endurece las deportaciones tras el asesinato de una joven en Georgia a manos de un migrante indocumentado.
Los sondeos reflejan un respaldo significativo a este tipo de medidas. Según una encuesta del New York Times/Ipsos, el 55% de los votantes apoya total o parcialmente la deportación masiva de inmigrantes irregulares. Un 88% respalda expulsar a aquellos con antecedentes penales, mientras que un 63% está a favor de deportar a quienes han entrado en los últimos cuatro años.
Consecuencias y perspectivasMientras la iniciativa de Misisipi ha quedado paralizada en el comité legislativo, la de Misuri sigue su curso. Si se aprueba, podría servir de modelo para otros estados republicanos y dar lugar a impugnaciones legales.
La criminalización de la inmigración y la institucionalización de la delación como práctica política recuerdan las peores etapas de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, con un amplio respaldo popular y un liderazgo republicano decidido a endurecer las políticas migratorias, las perspectivas de frenar estas iniciativas parecen cada vez más difíciles.