Como en otras muchas cosas, Estados Unidos se encuentra rezagado en comparación con el resto del mundo al privar del derecho al voto a un gran número de ciudadanos por condenas penales, según un informe publicado recientemente por The Sentencing Project, Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles. En este año electoral en Estados Unidos, y de cara al futuro, los estados deben reformar sus leyes para garantizar que a nadie se le niegue el derecho al voto debido a condenas penales.
“Out of Step: US Policy on Voting Rights in Global Perspective” (“Fuera de juego: La política estadounidense sobre el derecho de voto en perspectiva mundial”), examina las leyes de 136 países de todo el mundo con poblaciones superiores a 1,5 millones de habitantes y concluye que la mayoría –73 de los 136— rara vez o nunca deniegan el derecho al voto a una persona por una condena penal. En los otros 63 países, Estados Unidos se sitúa entre los más restrictivos, privando del derecho al voto a una mayor proporción de su población.
“Un amplio acceso al voto es la piedra angular de un gobierno democrático que respeta los derechos, razón por la cual el derecho al voto está protegido por la legislación internacional de derechos humanos y por la que Estados Unidos debería reformar su posición atípica al respecto”, señaló Alison Leal Parker, directora adjunta del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “El derecho al voto y la legitimidad del sistema democrático no deberían depender de un sistema jurídico penal que se basa en la discriminación y la perpetúa”.
Las leyes que privan del derecho al voto por delitos graves en Estados Unidos se remontan al final de la Guerra Civil. Después de que los hombres negros, anteriormente esclavizados, obtuvieran el derecho al voto a través de la 14ª Enmienda a la Constitución, los legisladores estatales comenzaron a ampliar la lista de delitos graves para enfocarse en la población negra. Al mismo tiempo, los estados empezaron a revocar el derecho al voto por cualquier condena por delito grave. Aunque el gobierno federal prohibió algunas de estas políticas, conocidas como “leyes de Jim Crow” mediante la Ley del Derecho al Voto de 1965, las leyes que privan del derecho al voto por delitos graves siguen vigentes en 48 estados.
En 2022, más de 4,4 millones de personas en EE. UU. estaban privadas del derecho al voto debido a condenas por delitos graves, y miles más no podían votar por estar en prisión. Uno de cada 19 estadounidenses negros en edad de votar está privado de este derecho, una tasa 3,5 veces mayor que la de los estadounidenses no negros. Se estima que medio millón de latinoamericanos también están privados del derecho al voto en virtud de estas políticas, y en algunos estados, como Florida, menores de edad con condenas por delitos graves pueden perder el derecho de forma permanente, incluso antes de alcanzar la edad mínima para votar.
Las organizaciones descubrieron que, en los últimos años, algunas jurisdicciones estadounidenses han tomado medidas para devolver el derecho al voto a personas que lo habían perdido por condenas penales. La mayoría de los estados ya no privan del derecho al voto de por vida, y muchos permiten votar a personas que han sido puestas en libertad.
“En los últimos años, hemos visto avances en la restitución del derecho al voto para personas implicadas en el sistema penal. Este progreso es prometedor, pero queda mucho por hacer”, dijo Nicole D. Porter, directora senior de defensa de The Sentencing Project. “Recomendamos que Estados Unidos ponga fin a la privación del derecho al voto por delitos graves y extienda este derecho a todas las personas elegibles, independientemente de su historial penal. También sugerimos que se establezcan centros de votación en todas las prisiones, como se ha hecho en el condado de Cook (Chicago, Illinois), el condado de Harris (Houston, Texas) y el Distrito de Columbia”.
A pesar de los avances en la elegibilidad legal para votar, persisten obstáculos prácticos significativos para el acceso al voto de las personas que se reintegran a la sociedad tras su encarcelamiento.
“Pese a los avances en la restitución de derechos en varios estados, aún existen obstáculos importantes para el acceso al voto”, afirma Jonathan Topaz, abogado del Proyecto de Derecho al Voto de la ACLU. “Por ejemplo, la complejidad de las leyes de restitución de derechos ha provocado confusión entre los votantes que han recuperado su derecho al voto. Además, en muchos estados, los ciudadanos que se reincorporan a la sociedad sólo pueden votar tras pagar diversas obligaciones financieras legales, honorarios, costos, multas y/o restitución, lo que esencialmente crea un sistema de pagar para votar. Estos obstáculos deben eliminarse para garantizar una plena participación cívica”.
A nivel mundial, la tendencia es hacia una mayor inclusión de personas con antecedentes penales. Por ejemplo, en 2014, Egipto derogó una amplia ley que prohibía votar indefinidamente a cualquier persona condenada por un delito. En 2020, el Tribunal Supremo de Uganda ratificó el derecho constitucional al voto de todos los ciudadanos mayores de 18 años, incluidas las personas encarceladas. En 2022, el Tribunal Supremo de Tanzania declaró inconstitucional una ley que privaba del derecho al voto a personas condenadas a más de seis meses de prisión, por ser demasiado general e incoherente con la Constitución del país. Ese mismo año, el gobierno chileno eliminó ciertos obstáculos al voto para personas detenidas, permitiéndoles votar en 2022 y 2023 en referendos constitucionales. También en 2022, el Tribunal Supremo exigió que se permitiera votar a las personas encarceladas, tanto a las que se encontraban en prisión preventiva como a las que cumplían condena, en las elecciones al Parlamento federal y a las asambleas provinciales.