“No me van a callar”. Con estas palabras contundentes, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, ha respondido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que la acusan de “antisemitismo descarado” y de “colaborar” con el Tribunal Penal Internacional. En una entrevista con el diario italiano La Repubblica, la jurista italiana ha denunciado abiertamente que EE UU está usando “tácticas intimidatorias propias de la mafia” para silenciar su labor.
Una denuncia incómoda
Albanese ha sido una de las voces más firmes y documentadas en la denuncia de los crímenes cometidos por Israel en la Franja de Gaza. En su último informe, acusa al Gobierno israelí de cometer un genocidio contra la población palestina, con el apoyo directo o indirecto de grandes empresas tecnológicas y financieras. Entre las compañías señaladas se encuentran gigantes como Amazon, Google, Microsoft o IBM, que —según el informe— se están beneficiando económicamente de la destrucción en Gaza al suministrar tecnología para vigilancia y control militar.
“Intentan silenciarme como hace la mafia”: la relatora de la ONU desafía las sanciones de EE UU
La relatora va más allá y describe la situación como una “economía del genocidio”, en la que participan bancos, fondos de inversión y empresas armamentísticas, que alimentan el conflicto con dinero y tecnología a cambio de beneficios millonarios.
Washington responde con castigo
La reacción de Estados Unidos no se ha hecho esperar. El Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, ha impuesto sanciones a Albanese por su “campaña política y económica contra Israel y Estados Unidos”. Entre las medidas adoptadas están la congelación de bienes, la retirada de visado y la prohibición de entrada al país norteamericano. Además, el comunicado oficial la acusa de apoyar el terrorismo y de mostrar un desprecio abierto hacia Occidente.
Sin embargo, desde la ONU, estas sanciones se interpretan como un ataque directo a la independencia de los relatores de derechos humanos. La organización ha advertido que se trata de un “precedente peligroso” que amenaza con socavar la credibilidad del sistema internacional de vigilancia de los derechos humanos. Amnistía Internacional también ha calificado la medida como “vergonzosa y vengativa”.
Resistencia ante las amenazas
A pesar del acoso, Albanese se mantiene firme. “Seguiré trabajando con la cabeza alta”, ha declarado, insistiendo en que su misión es denunciar las violaciones del derecho internacional y exigir justicia ante el Tribunal Penal Internacional. “Quieren intimidarme a mí y a cualquiera que intente decir la verdad sobre el genocidio en Gaza. Pero no lo conseguirán”, sentencia.
Aunque reconoce que las sanciones complican su vida personal y profesional, recuerda que su situación no es comparable a la de los habitantes de Gaza. “Yo soy una privilegiada occidental, protegida por la inmunidad diplomática. Allí están matando a la gente de hambre, de miseria o bajo las bombas. Han asesinado a 60.000 personas, entre ellas 18.000 niños”, afirma con crudeza.
Apoyo ciudadano y presión internacional
Mientras tanto, en Italia, miles de personas han firmado una petición para respaldar a la relatora. La campaña pide que se le otorgue protección diplomática y se impulse su candidatura al Premio Nobel de la Paz. “Lo que está ocurriendo en Gaza no es un conflicto, es una masacre sistemática con fines políticos y económicos”, defienden los promotores.
La relatora también ha criticado a países europeos como Italia, Francia o Grecia por facilitar el viaje del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hacia Estados Unidos. “Son miembros de la Corte Penal Internacional y deberían detenerlo”, ha declarado Albanese, subrayando que la complicidad de los gobiernos occidentales con la ocupación israelí debilita el derecho internacional y pone en peligro a todos.
“El tribunal de la historia nos juzgará”
Francesca Albanese concluye su respuesta con una advertencia que interpela a la conciencia global: “El tribunal de la historia nos juzgará. Y su veredicto será implacable con quienes niegan el genocidio en Gaza”. Con más de 20 años de experiencia en derecho internacional, la relatora sigue alzando la voz por quienes no pueden hacerlo.
Su caso no solo revela el drama humanitario de Gaza, sino también la lucha por preservar la legalidad internacional frente a los intereses geopolíticos y económicos de las grandes potencias. Y, sobre todo, nos recuerda que denunciar un crimen no puede ser nunca un delito.