En medio de una creciente tensión social, el Gobierno de Estados Unidos ha respondido con fuerza judicial y despliegue militar a las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias. Bajo el segundo mandato de Donald Trump, la represión ha sido inmediata: decenas de arrestos, acusaciones federales, y la presencia de la Guardia Nacional autorizada a detener civiles pintan un panorama inquietante para las libertades civiles en el país.
Una justicia al servicio de la represión
El Departamento de Justicia y la Fiscalía de Los Ángeles anunciaron este miércoles múltiples cargos federales contra al menos 14 personas por su presunta participación en actos vandálicos durante las protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las acusaciones incluyen agresiones a agentes federales, posesión de artefactos explosivos y conspiración para evitar detenciones, según informaron fuentes oficiales.
El fiscal federal Bill Essayli no dejó lugar a ambigüedades: “Cuando las protestas se convierten en violencia, las sanciones serán severas”. En su comunicado, subrayó que la mera posesión de un cóctel molotov puede acarrear hasta 10 años de prisión, aunque hasta el momento no se han registrado heridos graves ni víctimas mortales.
La Fiscalía del distrito del condado de Los Ángeles, encabezada por Nathan Hochman, confirmó que se han iniciado cinco procesos penales adicionales, y advirtió que vendrán más acusaciones en los próximos días. El lenguaje empleado por Hochman fue explícitamente amenazante: “Para quienes ya han participado en esta actividad ilegal, vamos a por ellos”.
Esta escalada legal no solo busca sancionar delitos, sino enviar un mensaje disuasorio a quienes cuestionen públicamente las políticas del Gobierno federal. La criminalización del ejercicio del derecho a la protesta se convierte así en instrumento político al más alto nivel.
Militares en las calles: la nueva normalidad bajo Trump
A la ofensiva judicial se suma la militar. El mayor general Scott Sherman, al mando del operativo de seguridad en Los Ángeles, confirmó que los soldados de la Guardia Nacional desplegados en la ciudad están autorizados a detener temporalmente a civiles durante las manifestaciones. Aunque se insiste en que esta medida se limita a la protección de edificios y personal federal, el uso de tropas armadas en tareas propias de las fuerzas del orden constituye una peligrosa ruptura de los principios democráticos.
El operativo incluye 4.000 soldados de la Guardia Nacional y 700 Marines, estos últimos entrenados específicamente para control de multitudes, algo ajeno a sus funciones habituales. Las imágenes difundidas por ICE muestran a efectivos militares custodiando redadas migratorias, una escena que recuerda a regímenes autoritarios más que a una democracia liberal.
Trump, fiel a su estilo confrontativo, ha evitado condenar los excesos y ha respaldado plenamente el accionar de las fuerzas desplegadas. Su administración justifica el uso de la fuerza en nombre del “orden” y la “seguridad”, ignorando las consecuencias sociales y políticas de militarizar la vida pública y castigar la disidencia.
Ataques políticos a organizaciones civiles
En paralelo, el senador republicano Josh Hawley, presidente del Subcomité Senatorial de Crimen y Antiterrorismo, acusó a la organización CHIRLA (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes) de financiar los disturbios. La directora de CHIRLA, la activista Angélica Salas, respondió con firmeza: “Rechazamos categóricamente cualquier acusación de ilegalidad en nuestra labor. Llevamos casi cuatro décadas defendiendo a las comunidades inmigrantes con un compromiso absoluto con la no violencia”.
Salas denunció el intento de intimidar y desacreditar a quienes denuncian las redadas migratorias: “No nos dejaremos silenciar por apoyar a nuestra comunidad y documentar la forma inhumana en que está siendo atacada”.
Las acusaciones de Hawley y la narrativa oficialista reflejan una estrategia clara: asociar toda protesta a la violencia y todo activismo civil a la subversión, reforzando una política de “tolerancia cero” que va más allá de la inmigración y apunta directamente al ejercicio de derechos fundamentales.
La democracia asediada desde el poder
Los acontecimientos de los últimos días en Los Ángeles muestran una alarmante deriva autoritaria bajo el Gobierno de Donald Trump. El uso combinado de aparatos judiciales, fuerzas armadas y propaganda política contra ciudadanos que protestan o defienden derechos marca un antes y un después en la vida democrática estadounidense.
Lo que está en juego no es solo la política migratoria, sino el propio derecho a cuestionarla sin temor a represalias judiciales o militares. La represión desplegada bajo este segundo mandato presidencial no es una excepción, sino parte de una estrategia estructurada que busca imponer el silencio mediante el miedo.
Trump, lejos de moderarse tras su regreso al poder, ha profundizado su discurso autoritario, apoyado en fiscales alineados, militares desplegados y senadores que hostigan públicamente a organizaciones de derechos humanos. Lo que hoy ocurre en Los Ángeles podría ser solo el preludio de una política nacional de represión y censura.