El hombre asesinado a las puertas del colegio americano en Pozuelo de Alarcón (Madrid) es Andriy Portnov, de 52 años de edad y uno de los principales exasesores del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich, según informaron a Efe fuentes próximas a la investigación. El crimen se investiga ya por los servicios de inteligencia españoles como un posible atentado, “dado el perfil político de la persona asesinada”, según fuentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Tampoco se descarta el ajuste de cuentas. De momento, esas son las dos principales vías de investigación: o crimen político o venganza por algún móvil económico.
La víctima acababa de dejar a sus hijos en el Colegio Americano de esa localidad madrileña a las 9.15 horas, cuando al ir a subir a su vehículo, un Mercedes de alta gama y color negro, varias personas se acercaron y le dispararon en la cabeza y en la espalda, según las fuentes oficiales. Los autores del crimen han huido del lugar hacia la Casa de Campo, una amplia zona boscosa que une Madrid con Pozuelo de Alarcón.
Portnov fue actor principal en la respuesta del Gobierno de Yanukóvich a la crisis ucraniana que comenzó a finales de 2013 y fue investigado por apropiación indebida de fondos públicos y de violaciones de los derechos humanos, hechos por los que sus fondos fueron congelados temporalmente por el Tribunal General de la UE.
El cuerpo sin vida de la víctima ha aparecido sobre las nueve y cuarto de la mañana en una calle del citado municipio en las inmediaciones de un centro educativo al que decenas de alumnos entraban a esa hora. Tras recibir el aviso, agentes de la Policía Científica y del grupo V de Homicidios se han desplazado hasta el lugar del crimen para hacerse cargo de la investigación. A su llegada el Summa 112 solo ha podido confirmar la muerte del hombre por lesiones incompatibles con la vida tras recibir varios disparos por arma de fuego.
La corrupción y las noticias sobre su colaboracionismo con el régimen de Putin perseguían a este personaje conocido en Ucrania. Era considerado por el Gobierno de Zelenski como un traidor. Según la Fiscalía de Kiev, en junio de 2010, Portnov, utilizando su cargo oficial, dirigió ilegalmente el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev y se apoderó de los fondos de la universidad en forma de salarios. Además, para influir ilegalmente en el sistema judicial de Ucrania, Portnov se convirtió en miembro del Consejo Superior de Justicia como representante de una institución de educación superior.
En febrero de 2015, Portnov figuraba en las listas del Ministerio del Interior como persona huida de la Fiscalía de Ucrania. El 21 de noviembre de 2017, se abrió un proceso contra él, según el cual, entre julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2013, recibió pagos ilegales por un total de 26 millones. El 28 de diciembre de 2018, el titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación para que continuara con la investigación preliminar. El 6 de marzo de 2019, la Oficina Nacional Anticorrupción archivó el proceso penal, argumentando que el Tribunal Constitucional había decidido declarar inconstitucional el artículo del Código Penal de Ucrania que preveía la responsabilidad del imputado por enriquecimiento ilícito.
En enero de 2018, durante una audiencia en el tribunal de Obolon por el caso de traición contra el expresidente Yanukovych, la Fiscalía publicó una conversación telefónica entre el asesor presidencial ruso, Serguéi Glazyev, y un tal Vladimir Andreevich, grabada por la inteligencia ucraniana el 1 de marzo de 2014. En la conversación, Glazyev citaba a Portnov. El 3 de febrero de ese año, la Fiscalía inició una investigación sobre la participación de Portnov en la ocupación y anexión de Crimea por parte de Rusia. El 26 de marzo, se supo que se había iniciado un proceso penal contra él por traición. En agosto de 2019, Portnov publicó cartas oficiales de la Fiscalía de la República Autónoma de Crimea y del Servicio de Seguridad de Ucrania, según las cuales, tras una investigación previa al juicio, los investigadores decidieron cerrar el caso por falta de delito penal. El 29 de noviembre de 2019, la Fiscalía General de Ucrania presentó una denuncia contra Portnov ante la Comisión de Calificación y Disciplina de Abogados de la Región de Kiev. Denunció amenazas de violencia recibidas en el teléfono móvil de un fiscal. Portnov siempre negó todas estas acusaciones, considerándolas una manifestación de persecución política.
El Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, tras analizar las acusaciones contra Portnov por parte de las autoridades ucranianas, la postura del embajador de la UE en Ucrania y las actuaciones del Consejo de la UE, levantó completamente las sanciones contra Portnov y ordenó a Bruselas el pago de los gastos del proceso.