En una decisión que marca un hito en la batalla migratoria de Estados Unidos, una jueza federal ha paralizado los intentos de la Administración de Donald Trump de cancelar de forma inmediata las protecciones legales que amparan a más de 532.000 migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta resolución judicial representa un alivio para cientos de miles de personas cuya permanencia legal en el país estaba amenazada por un giro radical en las políticas migratorias impulsadas por el expresidente republicano.
La jueza Indira Talwani, del tribunal federal de Boston, dictó este lunes una orden que bloquea temporalmente la eliminación del programa CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), un plan humanitario puesto en marcha durante la presidencia de Joe Biden en 2022. Gracias a este programa, los migrantes pudieron entrar legalmente en Estados Unidos mediante un procedimiento de "parole", siempre que cumplieran con los requisitos sanitarios, de seguridad y contaran con un patrocinador económico en el país.
Una decisión clave para medio millón de personas
La decisión judicial de Talwani sostiene que la retirada del permiso de estancia sin una evaluación individual de cada caso es “arbitraria y caprichosa” y “mina el respeto al Estado de derecho”, según recoge el fallo de 41 páginas. Talwani considera que expulsar masivamente a estas personas sin justificación específica pone en peligro sus derechos y, en muchos casos, su seguridad personal.
“Si se les deja sin protección legal, los demandantes se enfrentan a dos opciones: salir del país voluntariamente o ser detenidos y deportados”, argumentó la jueza. “Ambas opciones pueden tener consecuencias devastadoras, incluyendo la separación de familias o el retorno a países donde corren peligro”.
Con esta resolución, el Gobierno federal no podrá proceder con los planes que tenía previstos para el 24 de abril, fecha límite anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que los beneficiarios del programa abandonaran voluntariamente el país o enfrentaran una orden de deportación.
El programa CHNV: una vía legal y segura
El programa CHNV fue una de las respuestas del Gobierno de Biden a la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. A través de este sistema, más de medio millón de personas lograron llegar de forma legal, sin recurrir a rutas peligrosas o mafias de tráfico de personas. El mecanismo ofrecía una estancia temporal de hasta dos años, con derecho a trabajar legalmente, siempre y cuando los solicitantes superaran estrictos controles y contaran con apoyo económico de alguien residente en EEUU.
Según datos oficiales, la puesta en marcha del programa contribuyó a una notable disminución en los cruces ilegales de ciudadanos de estos cuatro países por la frontera sur. Sin embargo, el plan no estuvo exento de críticas por parte de sectores conservadores, que alegaron que el Gobierno estaba abusando de su autoridad al otorgar permisos de entrada a gran escala sin pasar por el Congreso.
El regreso de Trump y la ofensiva contra la inmigración
La ofensiva legal para eliminar este programa comenzó tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, quien ha hecho de la inmigración uno de los ejes de su campaña. La nueva Administración alegó que el programa CHNV “no garantizaba una vía de regularización permanente” y que muchos beneficiarios no estaban debidamente verificados.
Además, el DHS había comunicado a los beneficiarios del programa que tenían 30 días para abandonar el país, so pena de ser detenidos. Esta amenaza generó un clima de incertidumbre, miedo y tensión entre los afectados, muchos de los cuales ya se habían establecido en comunidades, habían encontrado empleo y tenían hijos escolarizados.
La jueza Talwani, sin embargo, ha paralizado esta maquinaria de expulsión masiva, recalcando que no se puede proceder a una revocación en bloque de derechos sin atender a las circunstancias individuales de cada persona. “El cumplimiento de la ley empieza por respetar los compromisos del propio Estado”, indicó en su fallo.
Un nuevo revés judicial para Trump
Este no es el primer obstáculo legal que enfrenta la nueva administración de Trump en su intento por desmontar las políticas migratorias del Gobierno anterior. A finales de marzo, otro juez federal en California impidió la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350.000 venezolanos, argumentando motivos similares a los esgrimidos por Talwani: la necesidad de respetar el procedimiento legal y evitar decisiones colectivas sin revisión individualizada.
Por su parte, el Centro de Acción por la Justicia, una organización de defensa de los derechos de los migrantes, celebró la decisión judicial como “un paso hacia la justicia”. Su directora, Karen Tumlin, afirmó que “esta resolución representa un gran respiro para cientos de miles de personas y para las familias estadounidenses que les acogieron. Es un reconocimiento a su derecho a permanecer de forma segura y digna”.
El impacto humano detrás de la decisión
Más allá del debate legal, la medida tiene un profundo impacto humano. Decenas de miles de personas habían construido una nueva vida en Estados Unidos: han encontrado empleo, formado familias, y se han integrado en sus comunidades. Para muchos, el anuncio de la eliminación del programa supuso un mazazo que les dejó en el limbo legal y emocional.
“El miedo era constante”, explicó a medios locales una migrante nicaragüense que llegó a Estados Unidos gracias al programa CHNV. “No sabíamos si podíamos seguir trabajando, si íbamos a ser deportados, si nuestros hijos podrían seguir en la escuela”.
Aunque la decisión judicial supone una victoria provisional para los migrantes, el proceso legal continúa. El Gobierno de Trump podría apelar la decisión y seguir presionando para desmontar los programas de protección que considera excesivos. Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles y expertos en migración advierten que se necesita una reforma más amplia que otorgue a estas personas una vía clara y permanente para quedarse en el país.
Por el momento, la resolución de la jueza Talwani frena una medida que podría haber afectado profundamente la vida de más de medio millón de personas. Es, como muchos han señalado, una victoria del derecho frente a la arbitrariedad, y del sentido común frente al extremismo.
La importancia de la justicia
Este episodio no solo pone el foco sobre el drama migratorio que vive Estados Unidos, sino también sobre la tensión entre legalidad y política. La decisión judicial es un recordatorio de que los derechos no pueden ser anulados por decreto, y que los gobiernos deben responder ante la ley, incluso cuando cuentan con el poder ejecutivo.
El futuro de estos migrantes sigue siendo incierto, pero por ahora, pueden quedarse. Y eso, en tiempos como estos, ya es una gran victoria.