La policía ha dado un golpe sin precedentes contra la explotación sexual infantil en internet, desmantelando una plataforma con casi dos millones de suscriptores y más de 91.000 vídeos. La operación, bautizada como Kidlifx, ha sido llevada a cabo en 38 países, con un total de 79 detenidos, 16 de ellos en España. Se trata de una de las investigaciones más amplias y complejas contra la pornografía infantil, en la que han colaborado autoridades policiales de todo el mundo bajo la coordinación de Europol y el liderazgo de Alemania.
El objetivo de la operación era desarticular una red criminal que operaba en la dark web a través de The Onion Router (TOR), un sistema que permite el anonimato en línea. La plataforma, estructurada como una red social, ofrecía acceso gratuito a miles de vídeos de abuso infantil en baja calidad, pero los usuarios podían pagar con criptomonedas para obtener contenido en alta definición. Esta funcionalidad, junto con su diseño profesional y su sistema de perfiles, la convertía en un punto de encuentro entre depredadores sexuales de todo el mundo.
En España, la investigación ha salpicado a 17 personas, de las cuales 16 ya han sido detenidas. Estas personas realizaron pagos en criptomonedas para acceder a vídeos más explícitos, y algunas incluso participaron activamente en la distribución de material ilegal o en el abuso de menores. Las actuaciones se han desarrollado en 15 provincias, incluyendo Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Valencia y Sevilla.
Uno de los casos más graves es el de un estudiante de informática en Alicante, señalado como el único distribuidor identificado en territorio español. Durante el registro de su domicilio, las autoridades incautaron pornografía infantil, documentos relacionados con pagos, y más de 700 pastillas de éxtasis junto a 42.000 euros en efectivo, lo que motivó su ingreso en prisión provisional.
En otras provincias, como Almería, La Rioja o Lanzarote, también se localizaron importantes cantidades de material informático y pruebas de pago, lo que permitió vincular a los sospechosos con la plataforma desmantelada. En algunos casos, los detenidos reconocieron su participación ante las autoridades.
La investigación, que sigue en curso, ha permitido además la incautación de más de 3.000 dispositivos electrónicos a nivel global y la protección de 39 menores que estaban en situación de riesgo o habían sido víctimas de abuso. Pese a la complejidad de rastrear pagos en criptomonedas, los investigadores han empleado herramientas avanzadas para seguir el rastro de los fondos y lograr identificar a buena parte de los responsables.
Con esta operación, las autoridades han asestado un duro golpe a una de las mayores redes de explotación infantil en internet, pero también advierten de la creciente sofisticación de estas plataformas y de la necesidad de seguir reforzando la cooperación internacional para combatir estos delitos atroces.