La reciente decisión del Gobierno griego de suspender el derecho de asilo a quienes lleguen por vía marítima desde el norte de África marca un punto de inflexión en su deriva autoritaria y excluyente en política migratoria. Con el Mediterráneo convertido en un muro líquido, Grecia opta por criminalizar la movilidad humana y atender más a los intereses de la industria turística que a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
De refugio a trinchera: el viraje reaccionario de Grecia
Kyriakos Mitsotakis y su Ejecutivo han decidido abrazar la lógica del castigo y la disuasión como respuesta al aumento de llegadas a la isla de Creta. En apenas 48 horas, el Gobierno presentó y aprobó enmiendas de urgencia para suspender el procedimiento de asilo a quienes arriben desde Libia. El ministro de Migración, Thanos Plevris, no dudó en calificar la situación de “invasión”. El lenguaje bélico, tan habitual en la extrema derecha europea, se institucionaliza así en Atenas.
El giro no llega en el vacío. A la retórica incendiaria le acompaña la militarización: fragatas patrullando frente a la costa libia, amenazas de cárcel para quienes no abandonen el país voluntariamente y una batería de mensajes que no distinguen entre la protección internacional y el control fronterizo. Mientras tanto, la realidad humana queda invisibilizada: entre enero y junio de 2025 llegaron al país unas 16.000 personas, de las cuales 14.600 lo hicieron por mar. Cifras gestionables para un país miembro de la UE, pero que son tratadas como una crisis nacional.
Las causas de este aumento están documentadas y no son nuevas. El acuerdo entre Italia y el señor de la guerra libio Jalifa Hafter ha desviado parte del flujo migratorio desde la costa oriental libia hacia rutas más cortas y seguras, como la que conduce a Creta. Al mismo tiempo, naufragios como el de Pylos, en el que murieron más de 600 personas tras una maniobra fallida de la Guardia Costera griega, han empujado a las personas migrantes a evitar rutas de mayor riesgo. Y, como advierten los rescatistas en el terreno, en Creta las devoluciones forzadas son menos habituales, lo que convierte la isla en un lugar de llegada, no de expulsión.
El turismo como excusa: cuando la economía impone fronteras
Pero si la deriva gubernamental ya resulta alarmante, la posición de la industria turística no se queda atrás. Asociaciones hoteleras y empresariales de Creta han enviado una carta al Ejecutivo reclamando que se impida la construcción de centros de acogida y que se refuercen los controles fronterizos. Aseguran que las imágenes de migrantes en las playas “dañan la imagen” del destino. Como si la vida humana fuera una molestia estética para el viajero europeo.
Este discurso no es sólo éticamente cuestionable, sino también cínico. En 2024, la isla recibió más de cuatro millones de turistas; en lo que va de 2025, apenas ha acogido a 9.000 personas migrantes. No hay colapso, hay rechazo. No hay invasión, hay una gestión deliberadamente inhumana. El turismo, que durante años se ha beneficiado del relato de hospitalidad mediterránea, se vuelve ahora instrumento de exclusión y chantaje político.
Frente a esta deriva, más de 70 ONG, así como la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Consejo de Europa, han exigido la retirada inmediata de la normativa. La respuesta de Grecia no solo viola los principios más elementales del derecho internacional, sino que revela una voluntad de consolidar un modelo de frontera donde la ley se aplica en función del origen de quien llega. Una Europa que niega refugio y aplaude el beneficio turístico es una Europa en riesgo de perder su alma.