Harvard y el presidente Donald Trump protagonizan un enfrentamiento sin precedentes que va mucho más allá de la educación. En juego no está solo el futuro de miles de estudiantes internacionales, sino la autonomía académica de una de las instituciones más emblemáticas del planeta. La justicia ha vuelto a frenar, de momento, los planes del mandatario, que lleva meses tratando de impedir que alumnos extranjeros estudien en Harvard. ¿La razón? Una mezcla de acusaciones políticas, disputas ideológicas y una estrategia que muchos consideran una represalia encubierta.
La maniobra: un veto presidencial insólito
Todo comenzó en mayo de 2025, cuando el Departamento de Seguridad Nacional revocó de forma inesperada la certificación que permite a Harvard acoger a estudiantes y académicos internacionales. Esto implicaba, de facto, que más de 7.000 personas —casi una cuarta parte de su alumnado— quedarían en el limbo legal, arriesgándose a la expulsión o a perder su plaza.
Harvard respondió con una demanda urgente. El caso llegó ante la jueza federal Allison D. Burroughs, que no tardó en bloquear temporalmente la decisión del Gobierno. Pero la Casa Blanca no se detuvo ahí. Apenas dos semanas después, el presidente Trump firmó una proclama invocando una ley de hace 70 años para impedir la entrada en el país de nuevos estudiantes extranjeros que quisieran matricularse en Harvard. Una medida que Harvard denunció como una forma de esquivar la orden judicial previa.
Acusaciones cruzadas
En los tribunales, el Gobierno defendió que Harvard no había colaborado suficientemente con las investigaciones sobre estudiantes extranjeros y que mantenía vínculos “preocupantes” con países como China o Irán. Incluso se la acusó de “tolerar antisemitismo” en el campus. Pero los abogados de Harvard lo ven de otra forma: una ofensiva política contra la universidad por negarse a seguir las exigencias del Ejecutivo, que incluían desde cambios en el currículo hasta el control ideológico del profesorado y los alumnos.
“El Gobierno está llevando a cabo una campaña de represalia sin precedentes”, afirman los abogados de la universidad, que comparan la situación con las persecuciones ideológicas de la era McCarthy. El presidente de Harvard, Alan M. Garber, fue aún más claro: “Nos quieren castigar por no ceder nuestra independencia académica”.
Miedo e incertidumbre
Mientras el pulso legal continúa, los efectos ya se sienten en el campus. Algunos estudiantes han sido deportados, otros han visto canceladas sus citas para visados y muchos más han solicitado aplazar su ingreso o directamente han renunciado. Un estudiante con visado válido se vio obligado a regresar a India tras aterrizar en Boston. Una profesora invitada en Tel Aviv no ha podido obtener su permiso de entrada. La universidad ha perdido becas, y la incertidumbre ha hecho mella en su reputación internacional.
“El ambiente en el campus es de temor, confusión e inseguridad”, denuncian desde Harvard. Huang, una futura alumna de posgrado procedente de China, publicó en redes sociales: “Tus méritos personales no significan nada en esta época. ¿Por qué es tan difícil simplemente ir a la universidad?”
El pasado viernes, la jueza Burroughs emitió una orden preliminar que impide al Gobierno implementar el veto a Harvard mientras dure el proceso judicial. La universidad podrá seguir acogiendo a estudiantes internacionales, aunque el fallo no resuelve del todo el conflicto. El Ejecutivo aún tiene la posibilidad de revisar su autorización conforme a la legislación vigente, y podría intentarlo de nuevo por otras vías.
Desde Harvard, sin embargo, celebran el fallo como una victoria clave en su defensa contra lo que consideran una cruzada ideológica del expresidente. “Sin estudiantes internacionales, Harvard deja de ser Harvard”, han declarado.
Una ofensiva con tintes ideológicos
Más allá del caso concreto, el conflicto pone en evidencia la estrategia de confrontación del entorno de Trump contra instituciones académicas consideradas liberales. La administración ha cortado más de 2.600 millones de dólares en ayudas e investigación, ha amenazado con retirar el estatus fiscal a la universidad y ha intentado imponer controles ideológicos sobre la admisión, el profesorado y la vida estudiantil.
El propio Trump, en su red Truth Social, aseguró que Harvard había cometido “graves irregularidades” y que pronto habría un acuerdo. Pero desde la universidad lo tienen claro: defenderán hasta el final sus principios “fundamentales y legalmente protegidos”.
Este enfrentamiento no es solo un conflicto sobre visados o estudiantes. Es una batalla sobre el papel de las universidades en una democracia, sobre su independencia frente al poder político y sobre la idea misma de lo que significa el acceso global al conocimiento.
Si triunfan los intentos de vetar a los estudiantes extranjeros por razones políticas, el precedente puede extenderse a otras universidades e instituciones educativas. Y con ello, el mundo académico estadounidense perdería no solo diversidad y talento, sino también credibilidad y libertad.
La jueza Burroughs aún debe pronunciarse sobre el veto presidencial, pero ya ha dejado clara su preocupación: “La gente tiene miedo de venir. Esto necesita un freno urgente”.
Por ahora, la justicia ha puesto un alto en el camino. Pero la lucha por el alma de Harvard, y por el derecho de miles de jóvenes a formarse sin fronteras, continúa.