Israel vuelve a exigir el desplazamiento masivo de más de un millón de civiles palestinos en Gaza, bajo la amenaza de intensificar su ofensiva sobre la ciudad. Pero el ultimátum no ofrece una salida viable: la única “zona segura” designada está superpoblada, carece de recursos básicos y también ha sido bombardeada. La estrategia de evacuación se revela como una herramienta más del castigo colectivo y del desarraigo forzado.
Una crisis humanitaria sin salida
Lejos de proporcionar una solución humanitaria, la nueva orden de evacuación lanzada por Israel sobre la ciudad de Gaza profundiza una política de desplazamiento sistemático que ya ha afectado a más del 80% de la población de la Franja. La decisión del gobierno de Netanyahu de instar a más de un millón de personas a huir hacia el sur no va acompañada de garantías reales, recursos suficientes ni protección internacional.
La llamada “zona humanitaria” de Al Mawasi, a la que se empuja a la población, representa apenas el 12% del territorio total de Gaza. En ese espacio limitado, más de 1,7 millones de personas se hacinan en condiciones de insalubridad extrema, sin acceso a agua potable, electricidad, saneamiento ni atención sanitaria básica.
Huir ya no es una opción. Es una condena. Quienes se marchan lo hacen hacia un territorio ya colapsado, donde instalar una tienda puede costar más de 750 euros, una cifra inalcanzable para familias que lo han perdido todo. La inflación y el bloqueo israelí han destruido cualquier vestigio de economía funcional. Y para colmo, ni siquiera esos espacios supuestamente seguros han sido respetados por las bombas. Los ataques sobre los campamentos del sur han dejado más de 2.000 civiles muertos, según cifras de las autoridades gazatíes.
Desplazamiento forzoso como doctrina de guerra
Más allá del relato oficial de “seguridad” o “neutralización de amenazas”, lo que se constata es una estrategia estructurada de desposesión territorial y vaciamiento poblacional. Las órdenes de evacuación no son temporales, ni están pensadas para permitir el retorno. Se articulan como parte de un plan que busca quebrar la resistencia social a través del agotamiento físico y psicológico de la población civil.
La comunidad internacional —salvo honrosas excepciones— ha mantenido un silencio cómplice ante un proceso que vulnera flagrantemente el derecho internacional humanitario. No hay verificación independiente de los corredores humanitarios. No existen condiciones de protección efectiva. Y no hay voluntad política para frenar una operación militar que utiliza el desplazamiento como arma.
La retórica de zonas seguras ha sido vaciada de contenido. En Gaza, no hay un solo lugar donde la vida esté garantizada. Ni al norte ni al sur. Quedarse significa exponerse al bombardeo. Marcharse equivale a caer en un campo de refugiados sin asistencia, sin medios de subsistencia y sin horizonte.
Este es el callejón sin salida que enfrenta el pueblo palestino en Gaza. Una trampa humanitaria construida con intencionalidad y calculada frialdad. Una ingeniería del desarraigo que empuja a millones de personas a sobrevivir, no a vivir.
Resistir también es quedarse
La narrativa de la evacuación voluntaria se desmonta al analizar los hechos. Lo que Israel impone no es un salvoconducto, sino una elección imposible. Un éxodo bajo coacción, ejecutado en el marco de una operación que ya ha reducido Gaza a ruinas. Frente a eso, la permanencia no es terquedad. Es un acto de resistencia civil y política.
Quienes no huyen —no porque no quieran, sino porque no pueden o no confían en lo que hay al otro lado— encarnan la voluntad de permanecer en su tierra a pesar del asedio. Porque si el desplazamiento se convierte en norma, la expulsión será definitiva. Y con ella, se consumará el proyecto de borrar a un pueblo del mapa político de su territorio.
Israel no puede seguir alegando defensa propia mientras bombardea hospitales, campamentos de refugiados y obliga a civiles exhaustos a desplazarse una y otra vez. Las evacuaciones forzadas no son medidas de protección. Son piezas de una maquinaria que busca transformar la Franja de Gaza en un territorio inhabitable, para justificar su control total.