Ni la condena de Naciones Unidas ni el clamor internacional parecen disuadir al Gobierno de Benjamin Netanyahu, que sigue profundizando en la ocupación ilegal de Cisjordania. Esta semana, Israel ha aprobado un nuevo proyecto de asentamientos que no solo vulnera el Derecho Internacional, sino que amenaza con dinamitar cualquier opción real de una solución de dos Estados.
Una violación deliberada del Derecho Internacional
La Organización de las Naciones Unidas ha vuelto a recordarlo con claridad: la expansión de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados es ilegal. El portavoz del secretario general António Guterres, Stéphane Dujarric, ha condenado "la decisión adoptada hoy" por el Ejecutivo de Netanyahu, que contempla la construcción de 3.400 nuevas viviendas en una zona estratégica de Cisjordania.
El proyecto, celebrado abiertamente por los sectores ultranacionalistas del gobierno israelí, no es una acción urbanística: es una maniobra política para hacer inviable un Estado palestino funcional. La ubicación elegida fractura físicamente Cisjordania, separando el norte del sur, lo que rompe la continuidad territorial mínima que requeriría un futuro Estado palestino independiente.
Netanyahu y sus socios extremistas no solo desprecian el Derecho Internacional, sino que convierten cada ladrillo en un obstáculo para la paz. La ONU ha instado a detener y revertir estas acciones, conscientes de que solo perpetúan un conflicto ya crónicamente desigual.
De la ocupación a la anexión encubierta
La estrategia del actual gobierno israelí va más allá de la ocupación. La construcción de estos nuevos asentamientos en Cisjordania responde a una lógica de anexión encubierta: consolidar el control israelí sobre territorios que, según la legalidad internacional, no le pertenecen. Es una ocupación sostenida por el poder militar y legitimada por discursos de supremacismo nacionalista que se instalan en la institucionalidad.
Desde los Acuerdos de Oslo, la colonización de tierras palestinas no ha dejado de crecer. Pero en los últimos años, bajo el liderazgo de Netanyahu y con el apoyo activo de partidos religiosos y ultraderechistas, la expansión se ha acelerado sin disimulo ni límites. Lo que antes se hacía con cierta cautela, hoy se exhibe como bandera política. La construcción de viviendas ilegales se ha convertido en un arma de guerra blanda, pero profundamente destructiva.
Israel se presenta como la única democracia de Oriente Medio, pero democracia no puede ser sinónimo de impunidad cuando se ejerce sobre un pueblo ocupado, sin derechos, sin estado y bajo bloqueo. Mientras tanto, la comunidad internacional se limita a advertencias formales y comunicados, mientras los hechos sobre el terreno —los que cambian vidas y mapas— siguen su curso.
La solución de dos Estados, cada vez más lejana
Cada nuevo asentamiento ilegal no solo supone una violación legal: es un paso más hacia la muerte política del proceso de paz. Cuando Israel planta cemento en suelo ocupado, lo que entierra no es solo la tierra palestina, sino también cualquier posibilidad de reconciliación justa.
La solución de dos Estados no puede sobrevivir en un mapa de parches, muros, check-points y colonias armadas. Necesita voluntad política, respeto al Derecho Internacional y, sobre todo, el reconocimiento del pueblo palestino como sujeto de derechos, no como una masa administrada o desplazada.
Pero Netanyahu no gobierna para la paz, sino para una élite ideológica que ha hecho del expansionismo colonial un proyecto de Estado. Un proyecto que solo se sostiene con violencia estructural, apartheid legal y una impunidad internacional que ya se ha vuelto estructural.