Doce activistas internacionales, entre ellos Greta Thunberg, se encuentran retenidos en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv tras ser detenidos por las fuerzas israelíes al intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza. El Gobierno amenaza con trasladarlos al centro de detención de Ramleh si no aceptan su deportación. La operación ha sido calificada de ilegal por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Interceptación en aguas internacionales
El Madleen, velero perteneciente a la Flotilla de la Libertad, fue intervenido en la madrugada del lunes por la marina israelí. El barco se dirigía hacia Gaza con carga humanitaria destinada a una población civil que sufre desde marzo un bloqueo total impuesto por Israel. A bordo viajaban doce activistas internacionales, entre ellos la reconocida defensora del clima Greta Thunberg.
El Ministerio de Exteriores de Israel anunció este martes que los activistas se encuentran en el aeropuerto internacional Ben Gurion, a la espera de abandonar el país. “Algunos de los pasajeros se irán en las próximas horas. Quienes se nieguen a firmar los documentos de deportación serán llevados ante la autoridad judicial y, posteriormente, trasladados al centro de detención Ramleh”, ha comunicado el Gobierno israelí a través de la red X.
La Coalición de la Flotilla por la Libertad ha confirmado que el barco fue escoltado al puerto de Asdod, pese a que se encontraba en aguas internacionales en el momento de la intervención. La organización insiste en el carácter civil y pacífico de la misión, orientada exclusivamente a romper el cerco humanitario sobre Gaza.
Críticas por la ilegalidad de la operación
Para Adalah, centro legal palestino que representa a los activistas detenidos, la interceptación constituye una “violación flagrante del derecho internacional”. Su directora, Suhad Bishara, ha declarado a Al Jazeera que varios tripulantes se niegan a firmar la deportación sin antes recibir asistencia jurídica.
Israel, una vez más, utiliza el aparato militar y judicial para reprimir la solidaridad internacional, bajo el argumento de la seguridad nacional. La operación no solo criminaliza la acción humanitaria, sino que revela el aislamiento extremo de Gaza, cuyo acceso por tierra, aire y mar permanece clausurado, incluso para organizaciones civiles.
Desde el pasado 2 de marzo, el enclave palestino sufre un bloqueo absoluto: ni alimentos, ni medicinas, ni combustible ingresan con normalidad. Las mínimas concesiones permitidas desde el 19 de mayo han sido insuficientes, y según la ONU, decenas de miles de personas enfrentan ya condiciones de hambruna.
La presencia de Greta Thunberg entre los detenidos ha devuelto la atención internacional a la causa palestina, aunque los gobiernos occidentales siguen evitando una condena explícita a Israel. Mientras tanto, el país sigue comportándose con impunidad, consciente de que pocos le exigirán responsabilidades por lo que incluso expertos legales ya califican como actos de piratería estatal.
Los hechos evidencian el alcance de una política que confunde seguridad con represión. Interceptar a civiles desarmados en aguas internacionales, detenerlos sin garantías y amenazarlos con prisión no corresponde a los principios de una democracia moderna, sino a un régimen que ha normalizado la ocupación y la violencia estructural.