La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha vuelto a lanzar este viernes un llamamiento urgente para que se autorice el ingreso de medios internacionales a la Franja de Gaza, actualmente vedada a la prensa extranjera. “650 días de atrocidades contra civiles sin prensa internacional presente. Más de 200 periodistas palestinos han sido asesinados”, denunció la agencia en su perfil de X, advirtiendo que este cerrojazo informativo alimenta campañas de desinformación y borra los testimonios de víctimas y organizaciones humanitarias.
En paralelo a la censura mediática, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) alerta de que los ataques continuos y la falta de recursos básicos se están normalizando. Cada día se registran más muertes evitables, nuevas oleadas de desplazados y un creciente desamparo. El pasado viernes, las autoridades israelíes emitieron una orden de evacuación que afecta a varias localidades del norte de Gaza, forzando a centenares de familias a abandonar sus hogares con apenas unas horas de aviso.
Los hospitales, además de atender a heridos de guerra, reciben ingresos diarios de niños y adultos con desnutrición aguda, según OCHA. Los escasos medicamentos y alimentos que logran entrar resultan insuficientes para detener la caída de la salud pública.
La crisis de combustible, clave para el funcionamiento de hospitales, bombas de agua y plantas de tratamiento, entra ya en su fase crítica. En los últimos dos días, la recogida de residuos sólidos ha quedado paralizada y varios pozos de agua, especialmente en Deir al‑Balah, han tenido que cerrar.
Desde el 9 de julio, la ONU ha podido trasladar algo más de 600.000 litros de gasóleo a través del cruce de Kerem Shalom, pero ello está muy lejos de cubrir las “cientos de miles de litros” diarios necesarios, advierte OCHA. El suministro llega por tubería subterránea en el lado israelí y se extrae en Gaza mediante cisternas palestinas, un proceso que se atasca por la militarización del recinto y la necesidad de suspender las hostilidades cada vez que deben entrar o salir los camiones: “Esto socava la previsibilidad de los flujos de combustible y pone en peligro al personal de la ONU”, subraya la agencia.
Las trabas al movimiento de equipos y víveres son otra constante. De trece solicitudes para atravesar puntos de control, solo siete fueron finalmente autorizadas, lo que permitió reubicar generadores, repartir agua, recoger combustible de emergencia y enviar suministros de higiene. Las seis restantes fueron denegadas o se toparon con barreras logísticas y militares en el terreno, según informes oficiales.
Mientras lucha por mantener operaciones vitales en Gaza, UNRWA denuncia una nueva ofensiva contra su labor en los Territorios Palestinos Ocupados. Una proposición de ley presentada ante la Knesset permitiría confiscar sin garantías propiedades de la agencia y cortarles los suministros de agua y electricidad. El objetivo, según el Ministerio de Energía e Infraestructura israelí, es prohibir servicios a instalaciones como el Centro de Formación de Kalandia o la sede de Sheikh Jarrah.
UNRWA advierte que estas medidas violarían las obligaciones de Israel como miembro de Naciones Unidas y dejarían sin asistencia esencial a más de 200.000 refugiados palestinos en Jerusalén Oriental, tras el cierre forzoso de seis escuelas de la Agencia en la zona hace apenas dos meses.
El doble cerco, tanto informativo como logístico y legal, al que está sometida Gaza, y la propia UNRWA, hace peligrar no solo la supervivencia de cientos de miles de civiles sino la transparencia sobre lo que allí sucede. Sin acceso de periodistas independientes ni garantías para las operaciones humanitarias, el mundo se queda sin ojos ni oídos para documentar la magnitud de la tragedia y exigir responsabilidades.