Desde hace meses, los jubilados de Buenos Aires han hecho de la calle su lugar de resistencia. Frente al Congreso Nacional, cada miércoles, exigen pensiones dignas, acceso a medicamentos y respeto por la tercera edad. En un país donde la pensión mínima no cubre ni un tercio de la canasta básica, los mayores son hoy el rostro más visible del rechazo a la política de ajuste del presidente Javier Milei. A su lado marchan estudiantes, sindicatos, víctimas del terrorismo de Estado y sectores sociales cada vez más empobrecidos. La movilización se ha convertido en el único lenguaje posible frente a un Gobierno que responde con represión.
El hartazgo de la calle: "Muchos han dejado de comer para comprar sus medicamentos"
Desde marzo de 2025, cada miércoles se repite una imagen frente al Congreso argentino: cientos, a veces miles, de jubilados se congregan con pancartas, bastones, mates y rabia contenida. La consigna es simple: "No queremos limosna, exigimos dignidad". Los rostros, curtidos por años de trabajo, reflejan ahora una vejez acosada por la pobreza, la inflación y el abandono del Estado.
Manuel Gutiérrez, jubilado y secretario general de la MESA Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados, lo resume sin eufemismos: "El pago no llega ni a un tercio de lo que se necesita para vivir. A muchos compañeros les produjo la muerte no poder pagar los medicamentos. Han dejado de comer para poder medicarse o han abandonado el tratamiento para poder comer". La pensión mínima se sitúa en torno a los 300 dólares, mientras que la canasta básica supera ampliamente los 1.200. Y en un país donde más del 50% de la población vive en la pobreza, los jubilados son los más golpeados por el ajuste.
Pero esta movilización no es una isla. A la protesta de los mayores se han sumado otras voces: universitarios, feministas, colectivos LGTBI+, trabajadores del sector cultural, sindicatos y organizaciones de derechos humanos. Todos comparten una causa común: la defensa de lo público frente a una política que, en palabras del propio presidente, busca "dinamitar el Estado desde dentro".
La represión como método y mensaje
Las imágenes de jubilados golpeados por gendarmes han dado la vuelta al mundo. En las manifestaciones, no hay distinciones. La policía ha cargado también contra jóvenes, mujeres, periodistas y manifestantes pacíficos. El fotógrafo Pablo Grillo permanece en coma desde marzo tras recibir un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. El abogado Matías Auferi, especialista en derechos humanos, perdió un ojo durante una protesta en febrero. "El Gobierno no responde a los reclamos, los reprime", denuncia.
En solo un año, la represión ha adquirido rango de política de Estado. El 'Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público', promovido por la ministra Patricia Bullrich, autoriza a las fuerzas de seguridad a actuar sin intermediación judicial, restringe la labor de organismos de derechos humanos y limita la presencia de periodistas. En la práctica, criminaliza la protesta y allana el camino para el uso indiscriminado de la fuerza.
Este contexto ha sido denunciado por organismos internacionales, incluida Amnistía Internacional, que han documentado detenciones arbitrarias, violencia institucional y graves violaciones a los derechos fundamentales. "Hoy no hay sector en Argentina que no esté afectado por el ajuste", señala la politóloga Ana Natalucci. Desde el sistema universitario hasta los centros de salud, el deterioro es estructural.
Contra todo lo público
La ofensiva de Milei no se limita al plano económico. También es ideológica. Ha negado la dictadura, ha cerrado unidades de investigación sobre crímenes de lesa humanidad, ha prohibido el lenguaje inclusivo y ha eliminado programas de género y apoyo a víctimas de violencia. Ha cargado contra las universidades públicas, tachándolas de centros de adoctrinamiento "zurdos". Y ha tildado de "golpe institucional" a quienes se manifiestan contra sus medidas.
En 2024, más de 43.000 empleados públicos fueron despedidos. Los que permanecen lo hacen con salarios pulverizados por la inflación. Las universidades funcionan con presupuestos congelados y los hospitales, sin insumos. Todo ello mientras el Gobierno alega que "no hay plata". Una afirmación puesta en entredicho por los propios manifestantes: "Un aerosol de gas pimienta cuesta más que una pensión mínima", denuncian los jubilados.
Frente a esta realidad, la protesta se ha convertido en único espacio de expresión y resistencia. No hay canales de diálogo, ni políticas paliativas, ni intención de rectificación. Sólo la calle, con su memoria, su cansancio y su convicción, como trinchera.
Como dice Manuel Gutiérrez: "Nosotros ya estamos en la última etapa de nuestra vida. Lo que queremos es que esto trascienda a las nuevas generaciones. Que no se naturalice que los adultos mayores vivan en la miseria". En su voz resuena no solo la lucha por una pensión, sino por algo más profundo: el derecho a vivir con dignidad, incluso cuando el Estado, o quien lo preside, ha decidido olvidarlo.