El Tribunal de Apelaciones confirma el fallo que obliga a Donald Trump a pagar una millonaria indemnización por la campaña de descrédito público emprendida contra Carroll tras su denuncia. La sentencia golpea de lleno la credibilidad de un mandatario con múltiples causas judiciales abiertas.
Una presidencia manchada por la impunidad
La justicia ha hablado, y lo ha hecho con una contundencia inusual en torno a un presidente en ejercicio. Donald Trump deberá pagar 83,3 millones de dólares a la escritora y periodista E. Jean Carroll por difamación. Así lo ha ratificado el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU., que considera que el mandatario cometió un ataque sostenido contra la dignidad, la verdad y los derechos de una mujer que tuvo el valor de señalarlo públicamente.
Carroll denunció en 2019 haber sido agredida sexualmente por Trump en un probador de unos grandes almacenes en Nueva York. El expresidente —y hoy nuevamente jefe del Estado— no solo negó los hechos, sino que desató una ofensiva pública contra ella, marcada por el insulto, la descalificación personal y la burla sistemática.
Un primer juicio ya había condenado al republicano a pagar 5 millones por abuso y difamación. Pero Trump no se detuvo. En su regreso a la primera línea política, redobló sus ataques contra Carroll, a sabiendas del efecto devastador que eso tendría sobre la víctima y sobre cualquier otra mujer que pensase en denunciar.
La justicia ha querido enviar un mensaje claro: ni el poder político ni la inmunidad presidencial blindan el discurso del odio. El tribunal ha confirmado que la indemnización es “justa y razonable”, y ha desestimado el argumento de inmunidad que los abogados del presidente blandían para evitar la condena.
El ruido del poder no ahoga la voz de las víctimas
Mientras Trump continúa intentando proyectar una imagen de impunidad desde la Casa Blanca, la realidad judicial lo contradice: acumula causas pendientes, enfrentamientos con fiscales, y una trayectoria marcada por el abuso del poder, el desprecio a las mujeres y la banalización de la violencia.
El caso de E. Jean Carroll es más que un proceso judicial: es un símbolo. Representa la resistencia de una víctima frente al aparato mediático, político y económico de un agresor que ha utilizado todas sus herramientas para desacreditarla. En un país donde aún cuesta que los agresores enfrenten consecuencias, el fallo supone una victoria simbólica para el movimiento feminista y los derechos civiles.
Pero el contexto no puede ignorarse: el presidente que ha sido condenado por dañar el honor de una mujer es el mismo que cuestiona los derechos reproductivos, recorta fondos a la salud pública, amenaza los avances en igualdad de género y fomenta un discurso reaccionario contra cualquier movimiento emancipador.
La sentencia, aunque firme, podría ser apelada al Tribunal Supremo, una institución que Trump moldeó a su imagen durante su primer mandato. Esa posibilidad pone de manifiesto una de las grandes fracturas del sistema estadounidense: la coexistencia de una justicia que resiste y una estructura institucional permeable al autoritarismo.
La pregunta no es solo si Trump cumplirá la condena o abonará la sanción, sino qué significa para una democracia que su presidente sea un reincidente judicial, acusado de agresión sexual y ahora condenado por difamar a la víctima.
Los intentos del mandatario por desacreditar el fallo como parte de una “caza de brujas” judicial no logran opacar un hecho clave: el veredicto afirma que difamar, mentir y perseguir a una mujer no puede salir gratis, ni siquiera para quien ostenta el cargo más poderoso del planeta.