La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior ha recibido 118.842 solicitudes de protección internacional en 2022, un 81,5 por ciento más que en el año anterior (65.482) y la mayor cifra desde la creación de la oficina en 1992, según los datos provisionales cerrados a 31 de diciembre.
Por nacionalidades, los principales países de procedencia de los solicitantes de protección internacional en 2022 han sido Venezuela, Colombia, Perú y Marruecos. Por lugar de presentación, la Comunidad de Madrid, con 47.658 solicitudes, encabeza la lista de comunidades autónomas con mayor número de peticiones, seguida por Andalucía (11.722) y Cataluña (10.396).
En este mismo periodo, el Ministerio del Interior ha resuelto también un total de 91.369 expedientes de protección internacional, lo que supone un incremento del 27,2 por ciento respecto al año anterior (71.833).
Concesión de estatutos de apátrida
En 2022 también han destacado las cifras de resoluciones de peticiones de estatuto de apátrida, que se han elevado a un total de 1.192 expedientes, un 38 por ciento más que en 2021.
La apatridia es un procedimiento dirigido a identificar entre los solicitantes a las personas que no sean consideradas como nacionales por ningún Estado, conforme a su legislación, y manifiesten carecer de nacionalidad, según lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, celebrada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954.
Más de 160.000 protecciones temporales de asilo
Además de la tramitación de las peticiones de protección internacional, durante 2022 la Oficina de Asilo y Refugio ha concedido 161.037 solicitudes de protección temporal a desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania.
Este dato sitúa a España como el quinto país de la UE que más protecciones temporales ha concedido a ciudadanos y residentes en Ucrania, gracias al mecanismo puesto en marcha de urgencia por el Gobierno español el 10 de marzo de 2022 para dar cumplimiento del acuerdo de la Unión Europea, con el que, por primera vez en la historia, se autorizaba la aplicación de la Directiva de Protección Temporal.