La sentencia Khashoggi, una operación de encubrimiento

Amnistía Internacional ha denunciado que la sentencia por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, es una operación de encubrimiento, que no hace justicia, ni revela la verdad de los hechos ocurridos en la embajada saudí en TurquíaAnte la condena por un tribunal saudí de cinco personas a la pena de muerte y de otras tres a prisión por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio, ha declarado:“Esta sentencia es una operación de encubrimiento que no hace justicia a Jamal Khashoggi y sus seres queridos ni revela la verdad. El juicio se ha celebrado a puerta cerrada, sin público ni observadores independientes, y no se dispone de información sobre cómo se llevó a cabo la investigación.“La sentencia no aborda la implicación de las autoridades saudíes en este devastador crimen ni aclara dónde están los restos de Jamal Khashoggi.“Los tribunales saudíes niegan sistemáticamente el acceso de las personas procesadas a un abogado e imponen la pena de muerte en juicios manifiestamente injustos. Dada la falta de transparencia de las autoridades saudíes, y ante la inexistencia de un poder judicial independiente, la única forma de hacer justicia Jamal Khashoggi es mediante una investigación internacional, independiente e imparcial”.Información complementariaLa agencia saudí de noticias publicó el pasado 23 de diciembre las conclusiones de la fiscalía sobre el asesinato de Jamal Khashoggi cometido el 8 de octubre de 2018. Se juzgó a 31 personas, 11 de las cuales fueron acusadas formalmente, de las que hoy han sido declaradas culpables 8. De ellas, 5 han sido condenadas a muerte y 3, a penas de prisión. El juicio se celebró ante el Tribunal Penal de Riad, que impuso las condenas. La sentencia ha sido recurrida.Un informe hecho público en junio de 2019 por la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, concluyó que Jamal Khashoggi había sido víctima de “una ejecución extrajudicial de la que el Estado de Arabia Saudí es responsable en virtud del derecho de los derechos humanos”. Arabia Saudí no colaboró con la relatora especial Callamard durante su investigación.