El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó el decreto 534/2025 mediante el cual vetó tres leyes recientemente aprobadas por el Congreso que otorgaban mayores beneficios a jubilados y personas con discapacidad. La medida, publicada en el Boletín Oficial, fue justificada por el mandatario con el argumento de que las normas implicaban “graves deficiencias técnicas”, “vicios reglamentarios” en su tramitación y un impacto fiscal que consideró “insostenible”.
En su escrito, Milei advirtió que la puesta en marcha de estas leyes supondría un gasto adicional de 7.000 millones de pesos en 2025 y de 17.000 millones en 2026, lo que representaría entre el 0,9 % y el 1,68 % del Producto Interno Bruto. Según el mandatario, el Congreso aprobó estas iniciativas sin contemplar una fuente clara de financiacción, lo que obligaría al Gobierno a recurrir a prácticas que, en su visión ultraliberal, considera responsables del deterioro económico del país, como la emisión monetaria sin respaldo, la subida de impuestos o el endeudamiento.
Con este veto, Milei anuló la entrada en vigor de tres medidas que contaban con amplio respaldo parlamentario y social: un incremento en los haberes jubilatorios, la reactivación de la moratoria previsional que permitía jubilarse a quienes no contaban con los 30 años de aportes requeridos, y la creación de nuevas pensiones no contributivas para personas con discapacidad. Todas habían sido aprobadas por el Congreso el pasado 10 de julio y fueron celebradas como un avance en materia de derechos sociales por distintos bloques legislativos y organizaciones ciudadanas.
En el decreto, el presidente denunció un “afán de volver a prácticas populistas” y defendió su decisión como una forma de evitar que Argentina repita “recetas inconducentes” que, en su visión, llevaron al país a décadas de estancamiento. Subrayó además que su administración no tolerará gastos “exorbitantes” sin respaldo, ya que comprometerían la meta de equilibrio fiscal que su gobierno considera prioritaria.
La reacción desde la oposición no tardó en llegar. Legisladores del peronismo y de otros espacios criticaron lo que definieron como una actitud autoritaria del Ejecutivo y denunciaron la vulneración de la voluntad popular expresada a través del Congreso. También se pronunciaron en contra del veto varias organizaciones de jubilados y entidades que trabajan con personas con discapacidad, que advirtieron sobre el impacto directo que tendrá la medida en sectores vulnerables que dependen del Estado para cubrir necesidades básicas.
La decisión presidencial también reavivó la discusión sobre el uso del veto como herramienta de gobierno. Aunque es legal y está contemplado en la Constitución, los detractores de Milei señalan que su uso reiterado y abusivo (sumado a los frecuentes decretos de necesidad y urgencia) configura una forma de gobernar que elude el diálogo y debilita el rol del Congreso. En un contexto donde el oficialismo no cuenta con mayoría legislativa, el recurso al veto se ha convertido en uno de los principales instrumentos de control político del presidente.
Por su parte, en la Casa Rosada sostienen que no existe margen para concesiones fiscales que comprometan la sostenibilidad del ajuste. Fuentes del gobierno aseguran que priorizarán la consolidación fiscal por encima de las presiones políticas y consideran que el Congreso actuó con ligereza al aprobar medidas sin respaldo técnico ni presupuestario.
El Congreso aún podría revertir el veto presidencial mediante una votación con mayoría cualificada de dos tercios en ambas cámaras, aunque ese escenario parece difícil de alcanzar, dadas las actuales correlaciones de fuerza.
Con este nuevo enfrentamiento institucional, el gobierno de Javier Milei vuelve a tensar la relación con el Legislativo y profundiza un modelo de gestión basado en el rechazo frontal a las políticas expansivas del gasto público. Mientras tanto, jubilados y personas con discapacidad quedan a la espera de una solución que les devuelva derechos adquiridos y beneficios largamente reclamados. La tensión entre el ajuste fiscal y la protección social sigue siendo uno de los grandes dilemas de la Argentina actual.