¿Qué busca el régimen de Maduro convocando precipitadamente y, en plena pandemia por el Covid-19 que afecta especialmente a Venezuela, unas elecciones legislativas para el 6 de diciembre? Nadie lo sabe a ciencia cierta, esa es la única conclusión que puede extraer de semejante convocatoria, pero por ahora ha conseguido un primer éxito, es decir, dividir a la ya de por sí atomizada oposición democrática en dos mitades y debilitarla políticamente, dejando tras de sí varios liderazgos -débiles- y una muestra de su crónica tendencia a la fragmentación.
Por un lado, se encuentra el ex candidato presidencial Henrique Capriles, quien cree que la oposición democrática debe participar en los próximos comicios, y, en el otro extremo, el autoproclamado presidente Juan Guaidó -reconocido por 60 países, entre ellos la mayor parte de la UE y los Estados Unidos-, claramente contrario a participar en lo que considera una farsa electoral. Guaidó sigue siendo al día de hoy el referente internacional de la contestación al régimen de Maduro, pero no es aceptado por muchos de los líderes opositores en el interior de Venezuela, como el propio Capriles y María Corino Machado. Luego está Leopoldo López, recientemente fugado a España en una huida rocambolesca con tintes novelescos, que apoya a Guiadó y que también se opone a las elecciones de diciembre, por considerarlas una operación de maquillaje del régimen.
Aparte de esta división en el seno de la oposición, que nunca se mostró unida y con un liderazgo común frente al chavismo, hay que reseñar que la comunidad internacional tampoco se muestra muy dispuesta a mostrar la necesaria contundencia y fortaleza frente a un régimen que no presenta, por ahora, fisuras y que tiene el control absoluto de la situación, sobre porque no se detectan señales de disidencia en el interior del mismo y por la fidelidad de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad.
La UE parece dispuesta a una salida política negociada, aunque haya divisiones en su seno, y no está dispuesta a implicarse seriamente en los asuntos venezolanos; los Estados Unidos, en plena disputa electoral y sin garantías de que su presidente, Donald Trump, salga elegido, no se embarcará ahora ni seguramente después en una cruzada para derribar a Maduro, algo que tampoco hará, casi con certeza, el demócrata Joe Biden de ganar las elecciones; y, finalmente, el régimen venezolano parece gozar de buena salud, a merced del control que todavía ejerce de la empresa petrolera PDVSA que, aunque acabada, arruinada y hundida, sigue dándole el necesario soporte económico para al menos resistir algún tiempo, y del apoyo internacional que le siguen prestando países como Irán, Rusia, China, Turquía y Bielorrusia.
A tenor de estos elementos a favor de Maduro, no parece muy probable que el boicot anunciado a las elecciones legislativas por el grupo de la oposición democrática que lidera Guaidó vaya a constituir una amenaza real para el ejecutivo que dirige y tampoco que la presión internacional dé algún resultado, máxime cuando el mundo entero está inmerso en enfrentar la crisis de la pandemia provocada por el covid-19 y la opinión pública internacional está enfrascada en esta grave emergencia sanitaria, que consume todos los recursos políticos, económicos y diplomáticos.
Previsiones nada optimistas con respecto al futuro de Venezuela
Es casi más que seguro que el régimen de Maduro sobreviva este año sin grandes problemas e incluso que celebre sus próximas elecciones legislativas en diciembre, a pesar de no haber garantías de que las mismas se desarrollen con unas mínimas garantías democráticas y conforme a unos procedimientos legales que permitan la libre competencia de todas las opciones políticas.
Sobrevivirá a pesar de que un reciente informe de una Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela asegurara que “encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”, acusando directamente a sus más altos dirigentes de estar detrás de estos crímenes perpetrados en el país en los últimos seis años.
Además, relataba el informe, “que tanto el presidente Nicolás Maduro como los ministros de Interior y Defensa estaban al tanto” y que “dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”, y solicitaba, en un acto seguramente inútil, que el Estado venezolano debe exigir cuentas a las personas responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas e impedir que se produzcan nuevos actos.
Venezuela, más concretamente el régimen de Maduro, ha negado estas acusaciones y, en su reciente discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente venezolano ha considerado a los Estados Unidos y a sus aliados de ser los responsables de la crisis de Venezuela, a la que someten, según él, a un injusto bloqueo sin asumir críticas ni errores después de veinte años de constatado fracaso y naufragio de la revolución bolivariana.
A pesar de que la situación en el país es cada día que pasa más difícil, con cortes de agua y luz constantes, escasez de alimentos, medicinas y combustible y una inseguridad alarmante que provoca algo más de 30.000 homicidios al año, el régimen de Maduro sigue su viaje hacia ninguna parte y sin visos de que vaya haber enmienda; nada induce a pensar que se vayan a producir cambios en la errática dirección del gobierno y una transición hacia la democracia en el escenario próximo tampoco se vislumbra. Fruto de este caótico y casi posbélico estado de cosas, más de cinco millones de venezolanos, sobre los treinta y dos millones del último censo, han huido de Venezuela y, seguramente, en los próximos meses lo harán otros cientos de miles, dadas las adversas circunstancias y la ausencia de perspectivas de un futuro mejor para Venezuela.
Así las cosas, ¿hacia dónde puede evolucionar Venezuela en los próximos meses? No esperemos muchos cambios ni antes ni después de las elecciones, el régimen es experto en amañar comicios y la separación de poderes es inexistente en la nación desde hace lustros, motivo por el cual el legislativo que salga de las urnas tampoco tendrá un gran margen de maniobra y capacidad para cambiar nada. Aparte de la dinámica interna, cada vez más favorable al régimen a merced de una represión despiadada y brutal por por parte las fuerzas de seguridad de Maduro, la comunidad internacional tampoco hará nada para intentar paliar la desgraciada suerte del pueblo venezolano, bien sea por inacción, como es el caso de la UE, o por escaso interés en el tema, tal como le ocurre a los Estados Unidos, y las cosas no cambiarán en el corto plazo. Lejos de estar ad portas de un proceso de transición hacia la democracia, tal como sugerían los acontecimientos de hace algo más de un año cuando Guaidó se autoproclamó presidente, el camino hacia la libertad parece largo y plagado de más incertidumbres que de certezas. La primavera de Caracas todavía no ha llegado, ni se la espera.