El uso de la pena de muerte ha alcanzado en 2024 su cifra más alta en los últimos diez años, según denuncia Amnistía Internacional en su informe anual “Condenas a muerte y ejecuciones 2024”. Al menos 1.518 personas fueron ejecutadas en quince países durante el último año, una cifra que no se veía desde 2015 y que refleja un preocupante aumento en el uso de este castigo extremo. La organización pone el foco en que la mayoría de estas ejecuciones no responden a una justicia equitativa, sino que se enmarcan en contextos de represión, discriminación y abuso de poder.
Entre los países que lideran esta práctica se encuentran Arabia Saudí, Irán e Irak, responsables del 91% del total de ejecuciones registradas. En estos Estados, la pena de muerte se ha convertido en un instrumento para sofocar la disidencia y castigar a minorías étnicas o religiosas, según el informe. Amnistía denuncia que en Irán, muchas de las ejecuciones están relacionadas con la represión de las protestas que han sacudido al país en los últimos años, mientras que en Arabia Saudí, los ajusticiamientos afectan especialmente a ciudadanos de la minoría chií y a personas que participaron en manifestaciones políticas.
“Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, que califica la pena de muerte como un “crimen abominable” y sin justificación en el siglo XXI. La organización también denuncia el creciente número de ejecuciones por delitos relacionados con las drogas, lo que constituye una violación del Derecho Internacional, ya que estos no se consideran “delitos de máxima gravedad”.
En países como China, Irán, Arabia Saudí, Singapur y Vietnam, el uso de la pena de muerte para este tipo de delitos no solo es frecuente, sino que afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos y sin acceso a una defensa jurídica adecuada. En muchos de estos casos, la aplicación de la justicia es opaca, arbitraria y profundamente injusta. Además, en contextos como el chino o el norcoreano, la falta de transparencia y el secretismo estatal impiden conocer el verdadero alcance de las ejecuciones.
El informe también apunta a la manipulación política de la pena de muerte. Durante la presidencia de Donald Trump, se reanudaron las ejecuciones federales en Estados Unidos tras 17 años de pausa, con trece ejecuciones en pocos meses. Su sucesor, Joe Biden, mantuvo la moratoria para las penas de muerte federales ordinarias, pero la pena capital sigue vigente en varios estados del país, y su aplicación continúa generando controversia.
Por otro lado, no todo son retrocesos. El informe de Amnistía Internacional reconoce progresos significativos en la lucha contra la pena de muerte. En 2024, Zimbabue abolió esta práctica para los delitos comunes, y Malasia reformó su legislación, reduciendo drásticamente el número de personas en riesgo de ejecución. Además, por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembro de la ONU votaron a favor de una resolución que pide una moratoria universal de la pena capital, lo que muestra un cambio de tendencia a nivel internacional.
A día de hoy, 113 países han abolido por completo la pena de muerte, mientras que 145 Estados la han eliminado de facto o la han dejado de aplicar. Amnistía subraya que, aunque las cifras de 2024 son preocupantes, los países que mantienen activamente esta práctica constituyen una minoría cada vez más aislada en el escenario internacional.
La pena de muerte sigue viva, pero también crece la presión global para erradicarla. El desafío ahora es doble: avanzar hacia su abolición total, y garantizar que la justicia no sea un arma contra los más vulnerables, sino un pilar de dignidad y derechos humanos para todos.