Diecinueve activistas saharauis languidecen en prisión años después de que los tribunales marroquíes los condenaran en procesos injustos, han afirmado hoy Human Rights WatchyAmnistía Internacional.
Las condenas del llamado grupo Gdeim Izik se derivan de su supuesto papel en la violencia letal que estalló el 8 de noviembre de 2010, cuando la policía marroquí desmanteló un campamento de protesta en el Sáhara Occidental. Los juicios se vieron empañados por una fuerte dependencia de "confesiones" que los acusados repudiaron por haber sido extraídas mediante tortura.
"Diecinueve hombres han pasado ya 12 años en prisión, con años aún por cumplir, después de juicios que se basaron en gran medida en confesiones contaminadas", dijo Lama Fakih, director de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch. "El paso del tiempo no ha hecho más que aumentar la injusticia en este caso".
El órgano de expertos de la ONU sobre la tortura condenó el año pasado las violaciones de la Convención contra la Tortura en tres casos relacionados con los acusados de Gdeim Izik, y puso en duda el valor probatorio de las tardías investigaciones de la justicia marroquí sobre sus acusaciones de tortura, que no pudieron establecer si se habían producido torturas durante los interrogatorios seis años antes.
El 8 de noviembre de 2010, las fuerzas de seguridad marroquíes procedieron a desmantelar el campamento de Gdeim Izik, formado por unas 6.500 tiendas de campaña que los saharauis habían levantado un mes antes cerca de El Aaiún, en el Sáhara Occidental controlado por Marruecos, para protestar por sus condiciones sociales y económicas. En los violentos enfrentamientos que se produjeron en el campamento y en El Aaiún murieron 11 agentes de seguridad, según funcionarios marroquíes, así como tres civiles.
Las fuerzas de seguridad marroquíes golpearon y maltrataron repetidamente a las personas que detuvieron inmediatamente después. Veinticinco hombres, algunos de los cuales fueron detenidos por la policía antes de entrar en el campamento, fueron acusados posteriormente de formar una banda criminal y de participar o ser cómplices en actos de violencia contra las fuerzas de seguridad "con resultado de muerte intencionada", entre otros cargos. Entre los hombres había varios defensores de los derechos humanos saharauis.
Con las confesiones repudiadas como principal prueba, un tribunal militar condenó en 2013 a los 25 acusados, sentenciando a 23 de ellos, incluido uno en rebeldía que había huido al extranjero, a penas de 20 años o más, y a 2 a tiempo ya cumplido.
En 2016, el Tribunal de Casación anuló el veredicto del tribunal militar por considerar que se basaba en pruebas no concluyentes. El caso se remitió a un nuevo juicio en un tribunal civil.
En 2017, el Tribunal de Apelación de Rabat volvió a juzgar el caso y confirmó todas las condenas, aunque redujo las penas de dos acusados, que quedaron en libertad. Otro de los 25 originales estaba en libertad provisional desde 2011 por motivos de salud y murió en 2018.
Durante el juicio, el Tribunal de Apelación ordenó exámenes médicos forenses a los acusados que estaban dispuestos a someterse a ellos siete años después de sus interrogatorios. Los médicos examinadores concluyeron en los casos que examinaron que, dado el paso del tiempo, la tortura no podía ser probada ni refutada. No obstante, el tribunal procedió a admitir como prueba las confesiones controvertidas, junto con las nuevas pruebas introducidas que, en gran medida, no lograban vincular a los acusados individuales con actos específicos de causar la muerte o lesiones graves.
En una resolución de noviembre de 2021 sobre una denuncia presentada por uno de los acusados de Gdeim Izik, Mohamed Bourial, el Comité de la ONU contra la Tortura criticó las investigaciones sobre tortura del tribunal de apelación, tanto por su tardanza como por su incumplimiento del Protocolo de Estambul, un conjunto de directrices para investigar y documentar las denuncias de tortura. El Comité dijo que "el Estado parte ha superado con creces el plazo razonable para impartir justicia en el caso del denunciante …. 11 años después de los hechos y de la presentación de las primeras alegaciones de tortura, no se ha llevado a cabo ninguna investigación de acuerdo con el Protocolo de Estambul".
El comité adoptó una decisión similar en julio de 2022 en respuesta a una queja de otro preso de Gdeim Izik, Abdeljalil Laaroussi, al considerar que "el tribunal de apelación no tuvo debidamente en cuenta las alegaciones de tortura de [Laaroussi] al condenarlo sobre la base de sus confesiones. Al no llevar a cabo ninguna verificación del fondo de las alegaciones del peticionario, aparte del examen médico ordenado por el tribunal, que no se había llevado a cabo de acuerdo con el Protocolo de Estambul, y al utilizar esas declaraciones en el procedimiento judicial contra el peticionario, [Marruecos] violó manifiestamente sus obligaciones en virtud del artículo 15 de la Convención" [traducción de Human Rights Watch]. El artículo 15 prohíbe admitir pruebas obtenidas mediante tortura en cualquier procedimiento, excepto como prueba contra alguien acusado de tortura.
El Comité en 2022 también criticó a Marruecos en su fallo sobre una petición presentada por un tercer demandante de Gdeim Izik, Sidi Abdallah Abbahah. La cuestión principal era de nuevo la falta de investigación rápida de sus alegaciones de tortura. El tribunal de apelación se había ofrecido en 2017 a investigar las denuncias de Abbahah que databan de 2010, pero Abbahah se negó.
Tras el juicio de 2017, las autoridades dispersaron a los 19 acusados restantes de Gdeim Izik, que habían estado recluidos juntos, en seis prisiones dentro de Marruecos. La mayoría están recluidos en prisiones situadas a al menos 1.000 kilómetros de El Aaiún, la ciudad de la que procede la mayoría de ellos. Varios de ellos han llevado a cabo repetidas huelgas de hambre desde entonces, denunciando abusos, como la denegación de atención médica o de visitas familiares, y el aislamiento abusivo. Todos han exigido también el traslado a prisiones más cercanas a sus familias en el Sáhara Occidental o cerca de él. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos establecen en su artículo 59 que "los reclusos serán asignados, en la medida de lo posible, a prisiones cercanas a sus hogares…"
Omar Hilale, embajador de Marruecos ante las Naciones Unidas, negó el 31 de octubre cualquier maltrato a los presos de Gdeim Izik. El Tribunal de Casación de Marruecos confirmó el veredicto el 25 de noviembre de 2020, sin dejar abierta ninguna vía de recurso judicial interno.
El 1 de julio de 2022, los abogados de 18 de los 19 presos presentaron una larga petición al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, solicitando que se declarara arbitraria su detención. Todavía no ha emitido una decisión.
La mayor parte del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo según las Naciones Unidas, ha estado bajo el control de facto de Marruecos desde que arrebató el territorio a España, su antiguo administrador colonial, en 1975. El gobierno lo considera territorio marroquí y rechaza las demandas de una votación de autodeterminación que incluya la independencia como opción. Dicha opción se incluyó en el referéndum que Marruecos y el Polisario, el movimiento de liberación del Sáhara Occidental, acordaron en 1991 en un acuerdo de alto el fuego mediado por la ONU. Las Naciones Unidas no reconocen la anexión de facto de Marruecos.
Las autoridades marroquíes impiden sistemáticamente las reuniones en el Sáhara Occidental en apoyo de la autodeterminación saharaui. Marruecos obstruye el trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos locales, incluso acosando a sus miembros y bloqueando los procesos de registro legal, y en ocasiones golpeando a activistas y periodistas bajo su custodia y en las calles.
"El continuo encarcelamiento del grupo Gdeim Izik sobre la base de pruebas contaminadas demuestra que, cuando se trata de quienes se oponen al dominio marroquí sobre el Sáhara Occidental, un juicio justo es una quimera", ha declarado Amna Guellali, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.