España sigue siendo la Potencia Administradora del Sáhara Occidental, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso.
El estatus jurídico del Sahara Occidental se corresponde con el que consta en el documento que el 29 de enero de 2002 fue dirigido al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el secretario general adjunto para los asuntos jurídicos, que expresamente se recoge en los antecedentes de una demoledora sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Estado español reconoció en Naciones Unidas su papel de potencia administradora y este organismo ha determinado que los Acuerdos de Madrid, por los que se cedió la administración del territorio a Marruecos y Mauritania, es ilegal.
Además, el Sáhara Occidental se encuentra en el listado de territorios no autónomos, es decir, que aún no han sido descolonizados. El único modo de cambiar ese estatus es la aplicación del derecho de autodeterminación a través de la consulta, por tanto, del referéndum. Así lo indica el derecho internacional que todas las naciones están obligadas a cumplir. Sin embargo, hay quienes lo conculcan con total impunidad, tal y como se comprueba con Israel y, en lo referido con el Sáhara Occidental, con Marruecos.
El principal socio de Pedro Sánchez en África, Mohamed VI, no tuvo duda en afirmar que el referéndum de autodeterminación del Sáhara es «inaplicable». De momento, el gobierno español, que es el administrador legal del territorio, no ha dado ninguna respuesta a estas declaraciones. Tampoco se esperaba porque es más importante mantener la limpieza de las alas del Pegaso que cumplir con las obligaciones de España con el derecho internacional.
La reacción ha tenido que venir del Frente Polisario. «El Gobierno saharaui ha confirmado que lo expuesto en el discurso del rey de Marruecos no puede desvirtuar hechos históricos y jurídicos establecidos sobre la cuestión saharaui como cuestión de descolonización. [...] El ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui no puede ser confiscado bajo ninguna circunstancia», señalan en un comunicado.
Sánchez, al igual que buena parte de la comunidad internacional, se mantiene impasible ante la «obstrucción por parte del régimen de ocupación marroquí de todas las etapas de la implementación del plan de arreglo africano de la ONU, su posterior rechazo del referéndum de autodeterminación y su participación en intentos desesperados de aprobar algunas soluciones cuestionables que ya estaban muertas, simplemente porque tema lo que dirá el pueblo saharaui».