La Corte Internacional de Justicia inició este lunes las audiencias sobre las continuas y severas restricciones impuestas por Israel a la labor de la ONU y otras organizaciones internacionales en Gaza y los Territorios Palestinos Ocupados.
La Corte, que tiene su sede en La Haya y es el máximo tribunal de la Organización, tiene previsto escuchar a 40 Estados y cuatro organizaciones internacionales, en un proceso que durará toda la semana.
En representación del Secretario General, António Guterres, la asesora jurídica de la ONU, Elinor Hammarskjöld, reiteró sus numerosos llamamientos al alto el fuego, a que la ayuda humanitaria llegue a todas las personas necesitadas y a que se libere a todos los rehenes.
Un total de 13 entidades de la Organización están presentes en Gaza, señaló Hammarskjöld, quien añadió que 295 miembros del personal de la ONU han muerto en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.
Opinión jurídica
La asesora jurídica insistió en las protecciones e inmunidades especiales que las agencias y el personal de la ONU necesitan para llevar a cabo las actividades que le han sido encomendadas en todo el mundo, incluido el territorio palestino ocupado.
Estas protecciones también se aplican durante los conflictos armados, dijo, antes de destacar las obligaciones de Israel como potencia ocupante en virtud del derecho internacional. “La obligación primordial es administrar el territorio en beneficio de la población local” y “acordar y facilitar planes de ayuda”, añadió.
“En el contexto específico de la situación actual en los Territorios Palestinos Ocupados, estas obligaciones implican permitir y facilitar que todas las entidades pertinentes de la ONU lleven a cabo estas actividades en beneficio de la población local”, señaló la funcionaria.
El objetivo de las audiencias celebradas esta semana en la Corte es establecer lo que se conoce como una “opinión consultiva” sobre las obligaciones de Israel como potencia ocupante en Gaza y los Territorios Palestinos Ocupados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
Se produce tras una reunión de la Asamblea General de la ONU celebrada en diciembre, en la que los Estados miembros votaron por 137 votos a favor y 12 en contra solicitar la opinión de los 15 jueces de la Corte, en medio de los bombardeos israelíes y la dramática escasez de ayuda en Gaza.
Aunque la opinión consultiva de los jueces no es vinculante, a diferencia de las disputas legales entre países sobre las que se pronuncia (los llamados casos contenciosos), aporta claridad sobre cuestiones jurídicas.
Una vez que el tribunal haya emitido su dictamen, la Asamblea General estaría abierta a retomar el asunto y decidir nuevas medidas.
UNRWA, aislada
El comisionado general de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, se congratuló de las audiencias e insistió en que las agencias de ayuda trabajan “para hacer frente a las necesidades abrumadoras”.
El responsable de la agencia explicó que la ampliamente condenada política de “no contacto” del Parlamento israelí, que prohíbe cualquier coordinación con los funcionarios de la UNRWA, ha obstruido la prestación de servicios esenciales de socorro y ayuda.
La medida es especialmente significativa porque UNRWA es la mayor agencia de ayuda en Gaza, donde ha proporcionado sanidad, educación y otros servicios públicos vitales durante décadas.
Pero desde que estas restricciones entraron en vigor a finales de enero, el personal internacional de UNRWA no ha recibido visados para entrar en Israel, dijo Lazzarini.
Mientras tanto, dentro de Gaza, los ciudadanos de a pie siguen enfrentándose a una desesperada escasez de alimentos debido a la decisión adoptada el 2 de marzo por Israel de sellar las fronteras de la Franja.