Moscú endurece su ofensiva contra las organizaciones de derechos humanos al incluir a Amnistía Internacional (AI) en su lista de entidades “indeseables”, prohibiendo cualquier tipo de actividad de la organización en territorio ruso. La medida representa un nuevo golpe al activismo independiente y a la libertad de expresión en el país.
La Fiscalía General rusa anunció este lunes la decisión de prohibir oficialmente las operaciones de Amnistía Internacional dentro de sus fronteras. La acusación: ser un "instrumento de propaganda" financiado por Occidente y vinculado al apoyo de Ucrania en la guerra que mantiene con Rusia desde 2022.
En palabras del Kremlin, AI sería “un centro de elaboración de proyectos rusófobos globales” y estaría promoviendo la “confrontación militar” al tiempo que justificaría “los crímenes de los neonazis ucranianos”. También se le responsabiliza de contribuir al aislamiento económico y político de Rusia a nivel internacional.
Esta declaración no solo criminaliza cualquier vínculo con la organización, sino que impone penas de hasta cinco años de prisión a los ciudadanos rusos que colaboren con ella. El caso de AI se suma al de otras organizaciones internacionales ya vetadas por el gobierno ruso, como Greenpeace o Radio Free Europe/Radio Liberty, en una estrategia sistemática de represión.
La oficina de Amnistía en Moscú ya había sido cerrada en abril de 2022, y su página web bloqueada. A pesar de estos obstáculos, la ONG ha seguido documentando graves violaciones de derechos humanos cometidas por Rusia en el marco del conflicto en Ucrania: ataques contra civiles, torturas, desapariciones forzadas y represión de la disidencia interna.
En su informe de 2024, AI denunció que al menos 171 personas han sido condenadas bajo leyes bélicas promulgadas por el presidente Vladímir Putin. Además, se han abierto más de 100 procesos adicionales por presunta “justificación del terrorismo”, en muchos casos por manifestaciones pacíficas o comentarios en redes sociales.
Ese mismo año, las autoridades rusas designaron como agentes extranjeros a 169 entidades e individuos, y 65 grupos fueron clasificados como indeseables, profundizando la política de cerco al espacio cívico y mediático.
Con esta nueva prohibición, el gobierno de Putin refuerza su ofensiva para silenciar las voces críticas y consolidar un entorno donde solo tenga cabida la narrativa oficial. Mientras tanto, organismos internacionales advierten del deterioro acelerado del respeto a los derechos humanos dentro del país.