El expresidente brasileño Jair Bolsonaro vuelve este miércoles al foco judicial en una de las causas más graves que enfrenta: el Tribunal Supremo Federal (STF) decidirá si acepta o archiva la denuncia presentada por la Fiscalía General de la República que lo acusa de haber intentado subvertir el orden democrático tras las elecciones de 2022, en las que resultó elegido Luiz Inácio Lula da Silva.
La Sala Primera del Supremo reanudará la vista a las 9:30 (hora local), con cinco jueces encargados de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la acusación contra Bolsonaro y otros siete altos cargos de su gobierno. Entre ellos se encuentran figuras clave como los exministros Augusto Heleno (Seguridad Institucional), Walter Braga Netto (Defensa), Paulo Sérgio Nogueira y Anderson Torres (Justicia), todos señalados por su presunta participación en la planificación o tolerancia de los ataques a las instituciones del 8 de enero de 2023.
Los delitos que podrían imputárseles son gravísimos: rebelión, atentado contra las autoridades e intento de golpe de Estado. Las imágenes de aquella jornada —con seguidores de Bolsonaro asaltando el Congreso, el Palacio del Planalto y la sede del propio Supremo— conmocionaron al país y al mundo. La Fiscalía considera que no se trató de una protesta espontánea, sino de una acción coordinada con el objetivo de revertir por la fuerza el resultado electoral.
Durante la primera sesión, celebrada la semana pasada, el STF rechazó la petición de la defensa de Bolsonaro de anular el acuerdo de delación premiada de Mauro Cid, coronel y exayudante directo del expresidente, considerado pieza clave en la investigación. Cid, según fuentes judiciales, habría aportado pruebas determinantes sobre las conversaciones y planes que se gestaban desde el entorno presidencial en los días previos al asalto.
La defensa del exmandatario ha intentado desacreditar el proceso, denunciando una supuesta falta de garantías. Sin embargo, los magistrados del Supremo han sido tajantes: el procedimiento sigue los cauces legales y las pruebas recabadas hasta ahora justifican el avance del caso.
De ser admitida la denuncia, Bolsonaro pasaría formalmente a la condición de acusado, con un juicio penal en el horizonte. Para el expresidente ultraderechista, cuyo liderazgo político ha comenzado a erosionarse tras su salida del poder, esta causa representa mucho más que un desafío legal: es un punto de inflexión que podría marcar el principio del fin de su carrera pública.