La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido mantener la suspensión temporal de la ley SB 4-C de Florida, una norma que criminaliza a personas indocumentadas por cruzar la frontera estatal. La medida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis y respaldada por la Casa Blanca de Donald Trump, representa una pieza central en la estrategia republicana de criminalización migratoria. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos celebran el fallo como un freno al avance del autoritarismo, aunque advierten: la lucha legal aún no ha terminado.
Una ley a la medida del trumpismo
La ley SB 4-C, promovida por el gobernador DeSantis con el beneplácito explícito del presidente Trump, permite que la policía estatal arreste y encarcele a personas sin estatus migratorio regular que entren en Florida desde otros estados. No se requiere que hayan cometido ningún delito adicional; basta su presencia para activar el castigo. La norma ha sido duramente criticada por juristas, activistas y jueces federales por socavar principios constitucionales básicos.
El 18 de abril, la jueza federal Kathleen M. Williams bloqueó temporalmente la ley, señalando que es "probablemente inconstitucional" y advirtiendo que invade competencias federales exclusivas en materia migratoria. Su fallo también acusó al fiscal de Florida de desacato por intentar aplicar la norma pese a la suspensión.
Aunque la Corte Suprema no ha entrado aún a valorar el fondo del caso, su decisión de mantener el bloqueo representa un revés para el aparato represivo que Trump ha reinstaurado desde su retorno a la presidencia. En su segundo mandato, la Casa Blanca ha redoblado su apuesta por medidas que criminalizan la migración, permitiendo a los estados actuar como brazos ejecutores de una agenda xenófoba y punitiva.
Una política de miedo al servicio del poder
Las consecuencias de la ley SB 4-C van más allá del ámbito jurídico. Según las organizaciones demandantes —como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas (FWAF)—, la norma ha sembrado el miedo en comunidades enteras. Personas en proceso de regularización, sin antecedentes penales, podrían ser detenidas arbitrariamente solo por viajar entre estados. El texto legal convierte en criminal lo que es, en realidad, una necesidad humana: moverse, buscar trabajo, proteger a la familia.
Todo esto ocurre en un estado donde más del 20% de la población es inmigrante. Florida no solo es un territorio de diversidad, sino también uno de los epicentros de la maquinaria antiinmigrante construida por Trump desde su primer mandato. Durante su gobierno actual, esa maquinaria ha sido perfeccionada, combinando la presión federal con normas estatales como la SB 4-C para generar un entorno de persecución sistemática.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, defendió la ley afirmando que "Florida tiene derecho a proteger sus fronteras". Es un argumento jurídicamente insostenible: los estados no tienen frontera internacional y no les corresponde legislar en materia migratoria. Es una usurpación legal, avalada políticamente por un presidente que ha hecho del enfrentamiento con los migrantes su seña de identidad.
Un respiro judicial frente a la embestida
El fallo del Supremo, aunque limitado, representa una barrera frente al desmantelamiento del estado de derecho. No detiene definitivamente la ley, pero impide su entrada en vigor mientras continúa el proceso legal. Las organizaciones defensoras de derechos civiles han celebrado la decisión, aunque advierten que el camino judicial será largo. “La lucha legal continuará”, insisten.
Ni el gobernador DeSantis ni el presidente Trump han emitido comentarios tras el fallo. Pero ambos han reiterado, en múltiples ocasiones, su compromiso con leyes como la SB 4-C para “combatir la inmigración ilegal”. En realidad, lo que combaten es la dignidad de millones de personas que viven, trabajan y sueñan en Estados Unidos.
La Corte Suprema tiene ahora una responsabilidad histórica: poner un límite al uso del aparato legal para perseguir a los más vulnerables. El país asiste a una regresión institucional sin precedentes, donde el poder ejecutivo promueve políticas de segregación y miedo. La SB 4-C no es un caso aislado, sino el símbolo de una estrategia más amplia: la de un gobierno que ha hecho de la exclusión su bandera.
Estados Unidos está ante una encrucijada moral y constitucional. El fallo definitivo del Supremo no solo dictará el destino de una ley, sino el de los principios que aún puedan sobrevivir bajo la presidencia de Donald Trump.